Por: Verónica Juárez Piña
La aparición con vida de Jaime Barrera fue una gran noticia. Desafortunadamente, sus captores y quien haya ordenado su secuestro, siguen libres y probablemente, como ha sucedido en la mayor parte de los casos de agresiones a periodistas, quedarán impunes.
En un recuento realizado de 2000 a 2023, Artículo 19 registra 163 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. De estos, 43 han tenido lugar durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. (Artículo 19, Periodistas asesinados en México)
A decir de Reporteros Sin Fronteras (RSF), “año tras año, México se mantiene como uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para los periodistas”.
Advierte que “la connivencia entre las autoridades y el crimen organizado constituye una grave amenaza contra los periodistas y se hace sentir en cada eslabón del sistema judicial. Los profesionales que cubren temas sensibles relativos a la política o al crimen, especialmente a nivel local, padecen advertencias y amenazas, cuando no son simple y llanamente asesinados. Otros son secuestrados y no aparecen nunca más, u optan, para salvar la vida, por desplazarse fuera de sus zonas de origen o bien por huir al extranjero”. (Reporteros Sin Fronteras)
En el marco de la Cátedra de Libertad de Expresión 2023, organizada por el Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la Universidad de Guadalajara en colaboración con la Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia a los Comunicadores, Jan Albert Hootsen, representante en México del Comité de Protección a Periodistas (CPJ), afirmó que “sólo el 5% de las agresiones contra periodistas en nuestro país han sido resueltos con una sentencia a actores físicos e intelectuales; a pesar de que desde el 2010 existe la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión”.
De tal manera que los periodistas en México están en la absoluta indefensión. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no cumple con su misión de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor.
Una de las razones es que su presupuesto se redujo sensiblemente con la eliminación del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue parte de los 109 fideicomisos desaparecidos en 2020 por el actual gobierno.
La libertad de expresión y la protección a periodistas y defensores de derechos humanos nunca han sido prioridad para López Obrador. De hecho, desde que tomó posesión ha creado un clima de hostigamiento y persecución, al grado de dar a conocer públicamente datos personales que exponen su seguridad, contra periodistas que le resultan incómodos por exhibir la corrupción de su administración y familia.
Esta violencia institucional se suma a los riesgos que las y los comunicadores enfrentan cuando su ejercicio profesional molesta al crimen organizado, como parece ser el caso de Jaime Barrera, a quien expreso en este espacio mi fraterna solidaridad.
