La oficina de derechos humanos de Naciones Unidas pidió el viernes a México que investigue apropiadamente las ejecuciones sumarias masivas y lleve a los responsables ante la justicia, incluyendo a oficiales militares de alto rango en caso de que resulten involucrados en estos actos.
Militares en México han sido acusados en múltiples ocasiones de cometer ejecuciones arbitrarias y torturas durante la lucha contra los brutales cárteles de drogas, que ya lleva una década.
La semana pasada, un juez mexicano absolvió a tres oficiales militares por el asesinato de 15 presuntos miembros de una banda de narcotraficantes en una confrontación en Tlatlaya ocurrida en junio del 2014.
«Nos preocupa profundamente que luego de casi dos años de la creación de una comisión sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Tlatlaya, México, incluyendo supuestas ejecuciones sumarias de al menos 12 personas, el caso siga en la impunidad y a las víctimas se les sigan negando sus derechos de justicia y verdad», dijo en rueda de prensa la portavoz de derechos humanos de la ONU, Ravina Shamdasani.
«Hacemos un llamado a las autoridades mexicanas a garantizar una investigación efectiva, rigurosa, imparcial, independiente y rápida sobre este caso emblemático», añadió.
Las investigaciones deberían extenderse a todos aquellos que puedan resultar responsables, como «oficiales militares de alto rango que podrían haber comandado» los datos, además de cualquier persona que pueda estar vinculada a la escena del crimen, sostuvo la portavoz.
Las autoridades mexicanas dijeron en su momento que las personas fallecidas presuntamente pertenecían a bandas de narcotraficantes y que las fuerzas armadas actuaron en defensa propia. Un total de 22 personas murieron en el incidente de Tlatlaya.
Pero meses más tarde, medios extranjeros reportaron que había evidencia de que se produjeron ejecuciones extrajudiciales, una versión que después fue ratificada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México.
Shamdasani también expresó su decepción por la falta de progreso en resolver otro caso de alto perfil en México, relacionado con la aparente masacre de 43 estudiantes en la ciudad de Iguala en 2014.
Un panel de expertos internacionales acusó el mes pasado al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de socavar su investigación para determinar el paradero y lo que realmente sucedió con los estudiantes desaparecidos.
