Por: Verónica Juárez Piña
Las declaraciones de Francisco Sergio Méndez, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora, en ocasión de la detención de tres niños con fusiles en Atil, al norte de la entidad, refleja el profundo desconocimiento de las autoridades respecto al impacto de la violencia en la niñez y adolescencia y un deslinde de la responsabilidad del Estado.
Al dar a conocer la detención de los menores, el funcionario aseveró que padres y madres de familia deben vigilar y cuidar más a sus hijos. “Es lo que he insistido enormemente sobre la responsabilidad de los padres de las hechuras criminales de sus hijos. Si bien es cierto, las derivaciones penales no se van hasta los padres, aquí podríamos pensar en alguna responsabilidad en ellos porque no tienen una vigilancia que corresponde a un padre de familia”, afirmó. (Crítica, 24/08/2024)
Sin embargo, la dimensión del problema va mucho más allá de la responsabilidad de madres y padres de familia. Miles de niñas, niños y adolescentes se han convertido en víctimas y victimarios de la violencia que azota el país y el crimen organizado los utiliza como carne de cañón para cometer ilícitos.
Según el estudio Niñas, niños y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada, de la organización civil Reinserta, “la crisis de violencia en México afecta a toda la sociedad. Sin embargo, niñas, niños y adolescentes conforman un grupo vulnerable que resiente aún más el fenómeno, al verse inmersos en prácticas que transgreden sus derechos humanos e imposibilitan que se desarrollen física y psicológicamente de manera adecuada y acorde a su edad.”
No hay cifras oficiales que permitan tener datos precisos, pero de acuerdo con Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM y especialista en derechos de la infancia y adolescencia, se calcula que el número de niños, niñas y adolescentes reclutados por el crimen organizado oscila entre 35,000 y 460,000, de acuerdo con el estudio que se cite, y el problema se complica aún más en aquellos estados donde la inseguridad, la extrema violencia y las actividades de los grupos delincuenciales son cotidianas.
“A esos factores hay que sumarles, claro, la pobreza y marginalidad de muchas familias que viven en zonas violentas, así como la deserción escolar y la baja provisión de servicios por parte del Estado”, apuntó González Contró. (Gaceta UNAM, 17/04/2023).
Una cuestión crucial es que, en opinión de la Red para los Derechos de la Infancia en México, (REDIM) nuestro país “aún carece de políticas públicas y marco jurídico que puedan atender y prevenir, de manera integral, el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos y del crimen organizado.”
En su estudio, La Niñez reclutada: La infancia: objetivo de grupos delincuenciales, la REDIM advierte que “aunque el reclutamiento y el uso de la niñez y adolescencia para prácticas al margen de la ley pueden constituirse como uno de los peores delitos cometidos contras las infancias, en México este tema aún carece de una tipificación legislativa.
En los albores del actual gobierno fue presentado el Plan de Acción 2019-2024 de México en Alianza Global para poner fin a la violencia contra la niñez, el cual planteó como una de las líneas de su estrategia 1: Seguridad pública y participación social de niñas, niños y adolescentes, la detección y prevención del reclutamiento de NNA por delincuencia organizada y protección en caso de desmovilización, el cual, a todas luces, no funcionó.
De hecho, los programas sociales a los que se destinaron 2.7 billones de pesos durante el sexenio tenían como uno de sus objetivos arrebatarle a la delincuencia a los jóvenes. “Queremos becarios, no sicarios”, dijo el presidente el 22 de octubre de 2021 en Guerrero, uno de los estados más violentos del país.
La realidad, una vez más, se impuso. Y es que, si bien los programas sociales representan una ayuda importante para miles de familias, los recursos no son suficientes ni conllevan una política integral para combatir los graves problemas generados por la desigualdad y la pobreza, el caldo de cultivo que aprovecha el crimen organizado para el reclutamiento forzado de menores de edad.
Aunado a ello, es necesario replantear el enfoque de la política de seguridad y combatir a fondo la impunidad con la que actúa la delincuencia y la corrupción de las autoridades que la protegen.
