Por: Héctor Romero González
Cuando el crack bursátil provocó la gran depresión en 1929, Estados Unidos, bajo la presidencia de Roosevelt, implementó la política económica conocida como New Deal, virando así de un liberalismo económico absoluto hacia un modelo de economía mixta, donde se defendía el intervencionismo del Estado para la recuperación de la adversidad económica.
Este modelo se gesta en un contexto caracterizado por una elevada tasa de desempleo, considerando que mediante inversiones en infraestructura pública se podría reactivar la producción.
Algo similar es lo que se ha propuesto en Jalisco, sin embargo, existe una nota sumamente distintiva entre ambos escenarios. Durante la recuperación de la crisis, Estados Unidos mantuvo un nivel de deuda constante, mientras que Jalisco pretende activar su política económica a través de deuda.
El 20 de mayo el gobernador presentó al Poder Legislativo local una solicitud de endeudamiento por 6 mil 200 millones de pesos.
Si bien no pretendo hacer un análisis de la conveniencia de resolver la crisis que se avecina de esta manera, ya que eso será materia para los economistas, sin lugar a dudas obliga a reflexionar sobre la importancia de asegurar un manejo disciplinado de la deuda pública de la entidad y la gran responsabilidad que pesa sobre los diputados.
Desde hace algunas décadas el incremento de la deuda pública fue una constante a nivel subnacional. En el año 2001 el promedio de deuda de entidades federativas y municipios respecto a participaciones federales era de 31.3%, contrastando con la gran dependencia alcanzada en 2015 cuando este promedio llegó a 83.6%.
Como respuesta a esto, se expide la Ley de Disciplina Financiera, con el objetivo de promover finanzas públicas locales sostenibles, un uso responsable de la deuda, así como fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia. En pocas palabras, establece candados para evitar que se abuse de la deuda para despilfarrar recursos y obliga a procurar las mejores condiciones del mercado en su contratación.
¿Pero cuál es la situación actual de Jalisco en este rubro? Durante el primer año de la transición de gobierno (2019) la deuda nominal se incrementó en un 27.55%, lo cual, en cifras de deuda real, representa un 24.21%.
Para inicios del año 2020 el saldo de la deuda directa ascendía a 24 mil 604 millones de pesos. Esto sin considerar la deuda contingente por poco más de 5 mil millones, donde el gobierno estatal funge como aval de organismos públicos descentralizados o municipios, ni la de los gobiernos municipales que reporta un saldo de 7 mil 800 millones.
Esto ha ubicado a nuestro estado como la octava entidad más endeuda del país, pero esto no necesariamente es malo. Es de suma relevancia considerar algunos indicadores como el saldo de la deuda como porcentaje del PIB estatal, el saldo como porcentaje de los ingresos o el saldo entre la población para identificar cuánto debe cada jalisciense, donde Jalisco no sale mal parado, especialmente si contrastamos estos indicadores con sus cifras hace dos sexenios.
Ahora está en la cancha de los diputados locales analizar la capacidad de pago del Poder Ejecutivo, así como ejercer un control político para definir la pertinencia de asumir la deuda propuesta, considerando que de aprobarse la totalidad de peticiones que ha formulado el gobernador, el total de la deuda en la entidad (incluyendo la municipal) superaría los 40 mil millones.
Uno de los grandes problemas que enfrenta nuestro país es el alto costo de la deuda en comparación con otras naciones, lo cual ha disuadido al gobierno federal para adoptar una medida similar. Al respecto Arturo Herrera explicó que Reino Unido, Estados Unidos, Alemania o Japón, tienen la capacidad de obtener tasas sumamente atractivas que evitan que la deuda sea excesivamente onerosa, mientras que la de México es del 6%, incluso 60 veces mayor a lo que sucede en estos países.
Este alto costo de la deuda debe obligar a reflexionar sobre mecanismos que aseguren una mayor recaudación y fortalecimiento de las finanzas públicas locales, mismos que deben estar atados en todo caso a la aprobación legislativa.
Podemos concluir que si bien la deuda no es mala por si sola, no puede perderse de vista que eventualmente deberá pagarse, por lo que es sumamente relevante considerar el costo del servicio y qué impacto tendrá en beneficio de la sociedad, ante lo cual el legislativo debe actuar como un contrapeso efectivo y responsable, con miras a que esta medida sea efectiva para reactivar la economía.
@hecromg
