POR: FELIPE GUERRERO BOJORQUEZ
No tienen llene. Ni pudor. No hay la más mínima vergüenza porque cuidar las formas es lo que menos les importa. En este espacio hemos hecho referencia acerca de los negocios que desde la más alta cúpula del poder se operan con amigos, compadres y miembros del círculo político que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, principalmente del Estado de México y particularmente del tristemente célebre Grupo Atlacomulco.
En una de nuestras últimas entregas dimos a conocer en este espacio el contrato por 120 millones de dólares que obtuvo el mexiquense Carlos Peralta para producir cerca de un millón de tablets para los niños de quinto grado de este país.
Cómo este personaje, cercano al presidente Peña, se asoció con una empresa portuguesa para que fuese ésta la que maquilara las tablets y que, para el efecto incluso, se instalara en EDOMEX. El famoso negocio redondo vía triangulación, es decir, yo gano la licitación y tu me las produces. Chingaderas, pues.
Hoy resurge otro escándalo y que tiene que ver con una empresa precisamente del Estado de México dedicada a ofrecer servicios de seguridad y protección denominada CUSAEM por sus siglas que significan Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México.
De acuerdo a nuestra información, esta empresa opera desde el sexenio de Peña Nieto como gobernador del Estado de México y sus carísimos policías se han convertido ahora en los consentidos del régimen federal, no porque sirvan, sean de utilidad o le den resultados a la sociedad mexicana, sino porque queda claro que se trata de un millonario negocios para otro de los cuates y amigos a los que se beneficia generosamente desde el inicio de este gobierno.
CUSAEM evidentemente no tiene control y es un cuerpo de seguridad ajeno a los esfuerzos de la lucha contra la delincuencia entre los diversos niveles policiales. Todo mundo, por las carreteras federales de Sinaloa y Durango, por poner un ejemplo, ve extrañado cómo destartaladas patrullas, de la marca Nissan, circulan portando la leyenda “policía auxiliar del Estado de México”.
Son, efectivamente, propiedad de esta empresa que, entre otras responsabilidades, tienen las de cuidar casetas de cobros en estados principalmente fronterizos cuyas autopistas están prácticamente militarizadas y muy reforzadas con elementos y patrullas de la Policía de Proximidad Social.
En una palabra, los policías privados de esta empresa navegan en la simulación porque no tienen la capacidad humana, la logística y la tecnología para cumplir con el convenio que a los mexicanos nos ha costado hasta ahora la supermillonaria suma de alrededor de dos mil 500 millones de pesos.
Entre otras fuentes de protección a CUSAEM se le ha otorgado la responsabilidad de custodiar instalaciones estratégicas del país como a la propia Secretaría de Gobernación, plantas de agua, electricidad y hasta la seguridad de altos funcionarios. Se sabe, igualmente, que esta empresa evade impuestos y que a su personal no le pagan seguridad social ni las prestaciones de ley correspondiente.
Se trata de una empresa que brinda “protección” pero que es opaca e ilegal en sus funciones. Muchos de sus elementos manejan armas largas y hay antecedentes en el sentido de que algunos de ellos se les ha señalado de brindar protección y custodia a elementos del crimen organizado.
A parte de Sinaloa y de Durango, CUSAEM brinda “servicio” a casetas en Coahuila, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche y, desde la época de Peña Nieto, resguarda las garitas de varias autopistas del Estado de México.
Hasta el momento, se ha podido cuantificar que esta empresa custodia cerca de 50 dependencias federales, en las que se incluyen hospitales y algunos medios de comunicación propiedad del gobierno. Es cierto que ya desde el gobierno de Vicente Fox esta empresa había incursionado en el ámbito federal con algunos contratos que realmente no pintaban y que con Felipe Calderón lo máximo que facturaron en todo el régimen apenas llegó a los 400 millones de pesos.
Pero hoy, en los primeros tres años del peñismo, esta empresa con clara procedencia operativa y política de EDOMEX, protegida y acuachada por los gobiernos en turnos al impedir que rindan cuentas ante el Congreso de esa entidad, ha multiplicado sus ganancias en cuando menos 10 veces en relación a los últimos dos años del sexenio pasado.
Está claro que esta empresa de “seguridad” no solo no nos sirve a los mexicanos, sino que se ha convertido en una amenaza contra los propios cuerpos policiales del Estado Mexicano porque opera prácticamente al margen del sistema nacional de seguridad, protegida por la propia presidencia de la república.
Si todos esos millones de pesos se canalizaran a reforzar el salario y la operación estratégica de las fuerzas del orden, otro panorama nos pintara en esta materia. Pero no, no hay voluntad de sacar adelante a este país porque todo indica que los que estuvieron ausentes del poder central durante doce años, llegaron con las uñas afiladas, inmensamente deseosos de hacer negocios y no de servir al pueblo de México.
