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Movimiento Ciudadano exige atención a preocupaciones de especialistas sobre la Ley de Telecomunicaciones

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Especialistas advierten sobre riesgos y regresividad en propuesta del Gobierno

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano hizo un llamado al Senado de la República para que atienda e incorpore las principales preocupaciones expresadas por 22 expertos en telecomunicaciones durante el primer conversatorio sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, realizado este jueves.

El coordinador de la bancada naranja, Clemente Castañeda, subrayó que el efecto positivo del encuentro solo se materializará si las mayorías políticas en el Senado consideran seriamente los planteamientos y realizan cambios sustantivos en el dictamen. Señaló que la mayoría de los especialistas coincidieron en que la iniciativa del Gobierno federal presenta aspectos regresivos, busca limitar la libertad de expresión y puede obstaculizar el desarrollo del sector.

Entre las preocupaciones principales, los expertos destacaron la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la cual, según los especialistas, carece de contrapesos adecuados y posee facultades excesivas que podrían derivar en decisiones discrecionales. También señalaron que el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil vulnera el derecho a la privacidad de los ciudadanos, y advirtieron que el proyecto puede vulnerar compromisos internacionales, como el T-MEC, al no garantizar la independencia del organismo regulador.

La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, enfatizó la importancia de atender estos planteamientos para salvaguardar la libertad de expresión y promover la competencia leal en las telecomunicaciones. “Hoy escuchamos prácticamente al 99% de los ponentes confirmar su preocupación, que esta iniciativa afecta la libertad de expresión y rompe con las garantías de competencia equilibrada y regulada. Esto nos reafirma en la necesidad de hacer cambios profundos”, comentó.

Barrales agregó que existe una percepción unánime entre los expertos de que la ley en discusión puede amenazar derechos fundamentales y que, en su estado actual, no ofrece garantías para un marco regulatorio justo y transparente en el sector de las telecomunicaciones.

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