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Modificar conducción del país para evitarle mayores desgracias, pide Verónica Juárez al gobierno federal

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Afin de evitarle mayores desgracias a la población, en particular la de mayor pobreza y más vulnerable, la Coordinadora del GPPRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, demandó al Gobierno Federal y sus aliados
rectificar la conducción del país y dejar de lado sus afanes político-electorales.

Al presentar su Segundo Informe de Actividades Legislativas, la líder perredista responsabilizó a la incapaz administración federal y a su mayoría artificial sometida en el Congreso de agravar la crisis económica y sanitaria nacional, la que aún podría ser peor debido a la profunda recesión que ya se vive si no se cambia de rumbo y adoptan otras medidas.

Gracias al apoyo de su bancada, otros grupos parlamentarios y organizaciones civiles, Juárez Piña es considerada una de las 5 legisladoras más productivas de la actual Legislatura Federal y una de los 300 líderes más influyentes de México al presentar 205 iniciativas de reforma legislativa y 224 proposiciones de puntos de acuerdo, de las que 29 y 36, respectivamente, ya fueron aprobadas.

Sin embargo, pese a estos esfuerzos que procuran un mejor marco jurídico para el país y en llamadas de atención al Gobierno Federal sobre sus errores y omisiones, la situación no mejora, sino empeora porque el Gobierno ha respondido con la negación, el conjuro, el pensamiento mágico, el desprecio a medidas de prevención, recortes presupuestales en plena crisis, falta de innovación en el proyecto económico y, en general, una política errada que sólo apoyan sus incondicionales en el Congreso.

Así, de las 25 iniciativas que ha enviado el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, 20 han sido aprobadas, de manera incluso atropellada, y violando los derechos de las minorías y el proceso parlamentario, por esa mayoría sometida.

Juárez Piña exigió por ello al Gobierno Federal un cambio de la política económica y social, pero sobre todo un cambio de modelo de desarrollo cuya directriz sea el respeto a los Derechos Humanos, por lo que debe reponer los recursos para la defensa y protección de éstos, de víctimas, de búsqueda de personas, salvaguarda de periodistas, y prevención y atención de la violencia contra las mujeres, todos ellos afectados por la extinción de fideicomisos.

La nueva política económica y social -agregó- debe contemplar apoyos fiscales para micro, pequeñas y medianas empresas, ingreso vital mínimo de emergencia para quienes perdieron su fuente de ingresos, y la continuación de programas para la igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género, y de los destinados a niñez, medio ambiente, educación, ciencia, cultura y tecnología.

Para el tercer y último año de esta Legislatura se pronunció por revisar diversas normas e instituciones que hoy se ven rebasadas por la emergencia sanitaria a fin de poner de pie al aparato productivo y recuperar los empleos perdidos.

Para ello, entre otros factores, se requerirá además un nuevo marco jurídico para el federalismo que incluya la redefinición del Pacto Fiscal con los estados y municipios y una legislación presupuestal que permita el ajuste de ingresos y egresos ante contingencias mayúsculas, la protección a trabajadores formales e informales, la creación de un seguro de desempleo, el funcionamiento remoto de los centros de trabajo y del gobierno, la revisión del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y de todas las instituciones de salud que han quedado rebasadas por esta contingencia, y reformas que permitan una protección efectiva y el reconocimiento a los trabajadores de la salud.

De parte del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados -el más productivo en el actual Congreso de la Unión- en el tercer año de esta Legislatura, comprometió mayor trabajo, profesionalismo, creatividad y responsabilidad para concretar esta agenda de acciones inmediatas para enfrentar los efectos de la pandemia.

Sin embargo, advirtió que, rectifique o no el rumbo este Gobierno, la recuperación de la normalidad democrática, la institucionalidad y la reconstrucción de una república de libertades y contrapesos efectivos al poder solo será posible a través de un gran acuerdo entre las organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, representantes de los sectores productivos, trabajadores del campo y la ciudad, creadores, científicos, académicos y, en general, todos los ciudadanos preocupados y ocupados en recuperar las instituciones y las libertades amenazadas hoy por un gobierno que nunca estuvo a la altura de los retos y las grandes causas históricas de nuestra Patria.

En ese sentido advirtió que, más allá de esta Legislatura, los comicios del próximo año serán cruciales para el logro de los objetivos mencionados.

“Ahí la sociedad se manifestará por una opción democrática que ha preferido ampliar las libertades y defender los derechos de todas y de todos. Será desde las urnas desde donde se construyan los contrapesos y la pluralidad que nuestros tiempos demandan. Esa es nuestra convicción más profunda y para ese escenario estamos trabajando”, concluyó.

Previo a la presentación de su informe, la legisladora federal jalisciense fue reconocida y felicitada por aliados y adversarios, así como personalidades políticas y civiles del país por su trabajo, capacidad y resultados al frente de la bancada del Partido del Sol Azteca.

Se cuentan entre quienes la reconocieron el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco; el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva; el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, y los coordinadores en San Lázaro del PAN, Juan Carlos Romero Hicks; del PRI, René Juárez Cisneros; del PT, Reginaldo Sandoval Flores; de MC, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, y de Encuentro Social Jorge Argüelles Victorero.

También valoraron sus aportaciones las y los diputados Pilar Ortega Martínez, Sergio Mayer Bretón, Aleida Alavez Ruiz, Martha Tagle Martínez, así como dirigentes nacionales y estatales del PRD, de comisiones de Derechos Humanos, de protección y defensa de la niñez y la adolescencia, de organizaciones pro derechos de las mujeres y las niñas, periodistas y comunicadores sociales, funcionarios y ex funcionarios públicos federales y locales, y ciudadanos en general.

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