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México, el más corrupto de los 34 miembros de la OCDE

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A pesar de las reformas constitucionales que crearon los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción, México es el último lugar entre los 34 países miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de corrupción.

Además, los niveles de percepción de la corrupción ubican al país en la posición 17 de entre las 20 economías más importantes a nivel global.

Así lo dio a conocer el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, publicado la noche del miércoles 27 de enero por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana.

México obtuvo una puntuación de 35, en una escala que va de cero (altos niveles de corrupción) a 100 (bajos niveles de corrupción); con lo que se mantuvo sin cambios en comparación con los resultados de 2014.

El índice establece que casos como Ayotzinapa, la ‘Casa Blanca’, Oceanografía, OHL, las acusaciones contra exgobernadores, entre otros, hicieron imposible que las reformas constitucionales para combatir la corrupción tuvieran un efecto positivo.

En los últimos lugares

Al comparar los resultados obtenidos por México con los miembros de la OCDE, destaca que el país se ubica 86 y 79 lugares por detrás de Estados Unidos y Canadá, sus principales socios económicos. “Incluso Brasil, cuya calificación empeoró 10% respecto a la del año anterior, se encuentra 19 lugares arriba de México”, indica el reporte.

Si se confronta la calificación de México con la de los países que integran el G-20, se puede observar que nuestro país está sólo por encima de Argentina y Rusia.

La misma situación ocurre al comparar los resultados de México con las economías emergentes (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Indonesia, Nigeria y Turquía), ya que el país se coloca en el séptimo sitio entre esos nueve estados.

En el caso de las naciones que firmaron el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, México sólo está por encima de Vietnam en los niveles de corrupción.

“La corrupción es el impuesto más regresivo en el país y un obstáculo directo para el acceso a los servicios más elementales para el desarrollo: salud, educación, seguridad y justicia.

“El control de la corrupción debe ser parte de una estrategia para reducir la desigualdad en el país y propiciar el crecimiento económico”, indica un comunicado conjunto de Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana.

Los mejor y peor evaluados

El informe de Transparencia Internacional indica que Dinamarca, Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda, los Países Bajos y Noruega son los estados que mejores resultados obtuvieron en el Índice de Percepción de la Corrupción 2015.

En contraparte, los cinco países peor calificados en el Índice son Sudán del Sur, Sudán, Afganistán, Corea del Norte y Somalia.

Los pasos a seguir

Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana establecen siete recomendaciones para reducir los niveles de corrupción e impunidad, que ayudarían a revertir el estancamiento de México en el Índice de Percepción de la Corrupción.

1.Avanzar una agenda legislativa contra la corrupción que vaya más allá de las 2 leyes generales.
2.Prestar especial atención a las leyes vinculadas con la contratación pública, como la “Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”. que actualmente se discute en el Poder Legislativo.
3.Incorporar en la legislación secundaria indicadores que midan el desempeño e impacto del Sistema Nacional Anticorrupción.
4.Aplicar con efectividad tanto la “Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” como la “Ley Federal de Extinción de Dominio” para desmantelar redes de corrupción.
5.La Procuraduría General de la República (PGR) debe dar seguimiento puntual y prioritario a las recomendaciones entregadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en materia de procedimientos penales en contra de funcionarios públicos que han hecho un uso ilícito de recursos públicos.
6.El Poder Judicial debe asumir su responsabilidad en el sistema anticorrupción, implementando medidas que garanticen la independencia de jueces y que reduzcan el riesgo de corrupción al interior de este poder del Estado.
7.Incorporar planes y acciones anticorrupción en las empresas nacionales y extranjeras que son proveedoras del Estado.

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