Con el propósito de combatir la corrupción, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, expuso ante los contralores del país una nueva arquitectura de fiscalización e informó que en lo que va de la presente administración se han impuesto sanciones por más de 657 millones de pesos.
Respecto a la estrategia, explicó que se basa en la estricta verificación del gasto ejercido en obra pública, de las medidas de austeridad, de los procesos de adquisición y de los convenios entre la Federación y los gobiernos estatales y municipales.
En ese contexto, advirtió que para alcanzar los objetivos es necesario acabar con “la ineficacia deliberada de la administración pública, derivada de la captura de cargos y presupuestos para fines privados y del uso oscuro y negligente de las atribuciones y del presupuesto”.
En un comunicado, dijo que dicha ineficacia se traduce en el incumplimiento de los objetivos y metas del gobierno, por lo que la fiscalización debe dirigirse al desempeño de servidores públicos y la evaluación de políticas públicas con un sistema integral de rendición de cuentas basado en el suministro proactivo de información relevante a la ciudadanía.
Asimismo, la también presidenta de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, resaltó que en los primeros seis meses del actual gobierno la Función Pública logró, en el combate a la impunidad, iniciar más de seis mil 200 procedimientos de responsabilidades administrativas.
Así como imponer más de 400 inhabilitaciones y aplicar 111 sanciones económicas por un monto superior a 657 millones de pesos, además de que se encuentran en trámite 50 más.
Al inaugurar en la ciudad de Oaxaca la LXII Reunión Nacional de Contralores Estados-Federación 2019, Sandoval Ballesteros detalló que la verificación del gasto ejercido en obra pública se realizará sobre un monto fiscalizable de 370 mil millones de pesos, según lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Acompañada por el gobernador de la entidad, Alejandro Murat Hinojosa, y del auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, la funcionaria federal abundó que se revisarán los procesos de adquisiciones, con un presupuesto por auditar de 275 mil millones de pesos.
Agregó que en esa auditoría, la Función Pública tiene un papel estratégico por su responsabilidad de emitir la política de fiscalización, dar el visto bueno a la política de contrataciones públicas y proveer la información de las personas físicas y morales que han sido sancionadas.
Aunado a que se verificará de manera rigurosa el cumplimiento de las disposiciones legales, con énfasis en las medidas de austeridad, para cuidar el debido ejercicio de los recursos públicos y el desempeño de los programas gubernamentales, entre otras acciones.
Refirió que se cuidará el cumplimiento de los convenios entre la Federación y los gobiernos estatales y municipales, tarea que es acompañada por las 32 contralorías de las entidades federativas para fiscalizar el debido ejercicio de los recursos públicos.
En este rubro, se ha determinado un monto de casi 20 mil 300 millones de pesos que los gobiernos locales deberán reintegrar al erario federal por no haber sido aplicados a los fines previstos en los programas, así como seis mil 331 millones de pesos por presuntas faltas administrativas.
