Por: Héctor Romero González
Al iniciar la pandemia de Covid-19 imaginábamos el triunfo del colectivismo sobre el individualismo, del resurgimiento de una visión solidaria que permitiera sortear, con las menores bajas posibles, la crisis de salud sin precedentes conocidos, por lo menos, para ninguno de los actuales habitantes del planeta.
El filósofo Žižek, durante los primeros meses de confinamiento, afirmó que el coronavirus también nos obligaría a reinventar el comunismo basado en la confianza en las personas y en la ciencia; agregaba que se trataba de un golpe al estilo Kill Bill frente al capitalismo.
Todo parecía que el objetivo comunitario de las naciones e industrias sería desarrollar vacunas que fueran suficientes y asequibles para toda la humanidad, reconociendo que vivimos en un mundo globalizado y a la colectividad conviene alcanzar la inmunidad de rebaño a la brevedad posible (que al menos 75% de la población tenga anticuerpos); nadie está protegido hasta que todos se hayan vacunado.
Esta sinergia entre sector público y privado se observa en el financiamiento para el desarrollo de las vacunas. De acuerdo con datos de Airfinity y publicados por la BBC, de los $13,900 millones de dólares que se han invertido en este propósito, 8,600 provienen del sector público, 1,900 de instituciones filantrópicas y solo 3,400 corresponden a inversión directa de las propias farmacéuticas.
A pesar de esto, la realidad se muestra distinta a ese añorado sentido de comunidad internacional, triunfando el capitalismo en la distribución de vacunas, beneficiándose a las poblaciones de mayor abundancia.
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, afirmó que, de las más de 700 millones de dosis administradas hasta abril, aproximadamente 87% se habrían distribuido en los países más ricos y solo un 0.2% se ha destinado a los países más pobres.
Al 6 de mayo Israel era el país que había alcanzado la mayor tasa de vacunación, aplicando 121 dosis por cada 100 habitantes; seguido por Emiratos Árabes Unidos y Chile con 110,3 y 80, respectivamente; de manera cercana se han posicionado Bahréin, Reino Unido y Estados Unidos con un aproximado de 78 a 75 (Statista, 2021). En contraste, existen muchos países donde no hay siquiera rastros del antídoto, al menos en 14 de los 220 territorios donde la OMS habría contemplado iniciar la vacunación dentro de los primeros 100 días de 2021.
Ante este escenario, surge el debate sobre la ruta más efectiva para una distribución equitativa que permita la vacunación a naciones de renta baja. India y Sudáfrica fueron las primeras en proponer la liberación o licencias de utilidad pública de las patentes de las vacunas, lo cual recientemente fue secundado por la administración de Joe Biden, argumentando que una “crisis global de salud y las circunstancias extraordinarias de la pandemia requieren medidas extraordinarias”.
Pero ¿qué significa esto? Las invenciones están protegidas por derechos de propiedad industrial denominados patentes, cuyo proceso implica la publicación del producto o proceso inventivo, de tal manera que cualquiera con los conocimientos necesarios sea capaz de reproducirlo, pero impone una restricción temporal (20 años) para hacerlo sin autorización del titular. Los medicamentos y vacunas no son excepción.
La razón de esta protección radica en la importancia de fomentar la innovación científica e incrementar el conocimiento de la humanidad, lo cual ha sido el principal argumento de las farmacéuticas que lideran la carrera en el desarrollo y distribución de la vacuna, quienes agregan que no estamos “al final del túnel”, pues las mutaciones del virus obligan a adecuar los componentes de manera constante.
Aunado a esto, mencionan que existen escasas compañías con la capacidad de asegurar las condiciones óptimas en la elaboración y distribución, por lo que consideran negligente la posibilidad de que empresas con menor experiencia cometan errores que pudieran resultar fatales.
En cambio, los liberacionistas afirman que se trata de argumentos falaces, ya que los Estados serían los responsables de fijar las condiciones de producción y de calidad, duración, campo de aplicación de la licencia y la calificación de la capacidad técnica de las empresas licenciatarias, así como el pago de regalías razonables considerando que el financiamiento fue mayoritariamente público.
Ante esta disyuntiva surge una “tercera vía”, planteada como solución inmediata al conflicto por la Organización Mundial del Comercio: negociar licencias voluntarias con las farmacéuticas a las empresas que aseguren la capacidad de producción y calidad de ingredientes necesarios, exclusivamente para los países en desarrollo.
De esta manera, la discusión entre actores involucrados es impostergable y, frente al exponencial crecimiento de la postura liberacionista y la posibilidad de que se decreten en forma obligatoria las licencias de utilidad pública, seguramente las farmacéuticas se verán dispuestas a un diálogo que ponga por delante la necesidad de atender la situación de emergencia, pero asegurando una justa retribución.
@hecromg
