Por: Verónica Juárez Piña
De forma contundente, más de 6 mil mujeres del país, a título individual o como integrantes de diversas redes feministas y organizaciones civiles, respondieron en una carta pública al presidente de la República, quien en la mañanera del 6 de mayo minimizó la violencia que se vive en los hogares mexicanos.
En la carta, que también firmamos legisladoras de varios grupos parlamentarios, le manifestamos al presidente nuestra preocupación e indignación por sus declaraciones respecto a la situación de la violencia contra mujeres, niñas y niños al interior de sus familias y hogares, negando que durante las medidas de confinamiento se ha incrementado la violencia en el hogar.
Miles de mujeres reclamamos al Ejecutivo que “sus declaraciones, decisiones y omisiones fortalecen la impunidad y normalizan la violencia contra las mujeres, niñas y niños al negar e ignorar el peligro que viven en sus hogares”.
En ese sentido, también hicimos un llamado al Gobierno Federal y a los 32 gobiernos de las entidades para atender de manera urgente la situación de violencia que viven las mujeres, niñas y niños, y a instrumentar medidas efectivas de emergencia para garantizar la atención y protección a las víctimas.
Sin embargo, el presidente no fue sensible a este llamado y el pasado 15 de mayo volvió a negar la existencia de la violencia doméstica que están viviendo mujeres y niñas a partir del confinamiento; al señalar que el 90% las llamadas al 911 sobre este tema, son falsas.
Los dichos presidenciales contradicen los propios datos que han dado a conocer la misma Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación; Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres; Candelaria Ochoa, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el número de emergencias 911; los cuales confirman que la violencia contra las mujeres y los feminicidios se han incrementado durante la cuarentena.
De tal manera que la evidencia desmiente al presidente y los datos nos hablan de una situación alarmante que vino a agravarse con el confinamiento.
Cabe entonces recordar a las titulares de Gobernación, Inmujeres y Conavim, que la omisión en el cumplimiento de sus deberes para proteger la vida y los derechos humanos de las mujeres puede ser causa de responsabilidades administrativas y políticas.
Deben hacer del conocimiento de las y los mexicanos cuáles son las cifras que le dan al presidente, a partir de las que él toma las decisiones de política pública.
Es tiempo de que todas y todos asumamos, con responsabilidad, los deberes públicos que nos han sido encomendados porque, en este caso, lo que se encuentra en juego son las vidas de muchas niñas y mujeres, víctimas de la violencia.
