Este miércoles, la defensa legal de Rafael Caro Quintero, cofundador del extinto Cártel de Guadalajara, acudió a la corte federal de Nueva York para continuar con el proceso judicial en su contra. El narcotraficante enfrenta cargos por su presunta responsabilidad en el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido el 9 de febrero de 1985.
La audiencia fue encabezada por el juez Frederick Block, ante quien la abogada Elizabeth Macedonio, ahora al frente de la defensa del llamado “Narco de Narcos”, solicitó más tiempo para preparar un “paquete de mitigación” que buscaría evitar una posible condena a pena de muerte. La próxima sesión está programada para el 18 de septiembre, fecha en la que se evaluará el material que presentará la defensa para reducir la severidad de la eventual sentencia.
Por su parte, la Fiscalía reiteró que la pena capital continúa como una opción viable en este caso y reveló que existen grabaciones relacionadas con los hechos que serán incorporadas al expediente, estos elementos probatorios podrían ser clave en el juicio contra Caro Quintero, quien fue recapturado en 2022 tras permanecer prófugo por casi una década.
Según relató el periodista especializado en temas de seguridad, Arturo Ángel, en su crónica de la audiencia, la abogada Elizabeth Macedonio pidió que su cliente pueda mantener llamadas telefónicas regulares con su familia, petición que quedó sujeta a la valoración de las autoridades judiciales correspondientes.
“Tenía una petición que fue expresada por su abogada Macedonio, relacionada con la posibilidad de que se le permita sostener llamadas telefónicas periódicas con su familia”, escribió el periodista.
Sin embargo, en el transcurso de la audiencia, la fiscal Saritha Komatireddy confirmó que la pena de muerte sigue siendo una opción que está sobre la mesa, aunque precisó que la decisión final dependerá de si el caso avanza a juicio y culmina con una condena.
Tras ser liberado por una irregularidad judicial en 2013, Rafael Caro Quintero evadió la justicia estadounidense durante casi diez años, periodo en el que se convirtió en uno de los fugitivos más buscados.
Su captura ocurrió en 2022, durante un despliegue en una zona remota de Sinaloa; no obstante, su extradición no se concretó sino hasta febrero de 2025, cuando fue entregado a las autoridades norteamericanas junto a otros 28 líderes criminales, como parte de un acuerdo bilateral relacionado con asuntos comerciales durante la administración de Donald Trump.
Actualmente permanece recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, bajo medidas excepcionales de seguridad y con acceso restringido a cualquier forma de contacto externo, decisión impuesta por el sistema penitenciario federal de Estados Unidos.
