En un avance significativo hacia la transparencia y la integridad pública, el Estado de Jalisco alcanzó un cumplimiento del 94.04% en la presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses durante este ciclo, lo que representa a 138,365 servidores públicos de todas las dependencias. Este porcentaje es el más alto registrado hasta la fecha, reflejando un reconocimiento creciente por parte de las y los funcionarios sobre la importancia de cumplir con esta obligación legal para fortalecer la gestión pública y generar confianza ciudadana.
El período para presentar estas declaraciones finalizó el 31 de mayo, y durante ese mes, el Módulo de Atención Personal de la Contraloría del Estado brindó más de mil 200 asesorías presenciales a servidores públicos que requirieron orientación. Además, 3,555 personas se comunicaron vía telefónica al Centro de Atención para resolver dudas relacionadas con el proceso, evidenciando un interés activo en cumplir con esta responsabilidad.
El ejercicio se llevó a cabo a través del Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaraciones de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal (SEPIFAPE), una plataforma digital diseñada para facilitar y agilizar el cumplimiento de esta obligación desde cualquier dispositivo móvil. La herramienta, creada por la Contraloría del Estado, ha sido clave para incrementar la participación y simplificar los trámites.
Cabe recordar que la declaración patrimonial y de intereses es una obligación establecida en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La Contraloría del Estado hace un llamado a quienes aún no han cumplido con esta obligación, incluso de manera extemporánea, advirtiendo que las personas morosas serán sujetas a investigaciones y posibles sanciones administrativas.
Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la confianza en la gestión pública, consolidando así su visión de un Estado más íntegro y responsable.
