Por: Verónica Juárez Piña
En la mañanera del 29 de agosto de 2023, el Procurador Fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla, denunció la existencia de un esquema fraudulento que durante 12 años causó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) un daño patrimonial por 12 mmdp.
La cuestión es que este presunto delito que se da a conocer con bombo y platillo, ya lo había denunciado la Auditoría Superior de la Federación desde la Revisión de la Cuenta Pública 2018 y es hasta 2023 que el gobierno federal decide actuar, a tan sólo un año que termine la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Procurador Fiscal detalló que abogados particulares, del Instituto y servidores públicos de tribunales laborales se coludieron para duplicar a un determinado número de extrabajadores y exfuncionarios, el monto de sus pensiones del ISSSTE a costa de daños a su patrimonio y a cambio de beneficios económicos.
Lo que no dijo Medina Padilla es porqué la dependencia a su cargo se tardó más de cinco años en armar los expedientes, intervenir para terminar con el saqueo y presentar las denuncias correspondientes.
En la Revisión de la Cuenta Pública 2018 la Auditoría Superior de la Federación alertó de estas irregulares al señalar que había detectado el pago de pensiones exorbitantes, no acorde con el salario recibido por los beneficiarios.
En ese mismo sentido, Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que desde 2007 directivos del ISSSTE implementaron un proceso de privatización que derivó en la devastación del Instituto.
Esta información no es nueva. En efecto, desde muchos años antes de 2018, cuando llegó al gobierno López Obrador, especialistas, organizaciones ciudadanas y representantes sindicales habían denunciado que el ISSSTE enfrentaba un proceso de privatización, corrupción, reducción presupuestal y de personal que afectó paulatinamente la infraestructura, el equipo y los servicios que ofrece a más de 13.5 millones de derechohabientes.
La cuestión es que, en lugar de hacer un diagnóstico adecuado que permitiera detectar los principales problemas que enfrentaba el Instituto, el presidente tomó decisiones apresuradas, como la eliminación de contratos con proveedores de diversos servicios, equipos y medicamentos, que terminaron por generar más conflictos.
Esas determinaciones tomadas sobre las rodillas derivaron, entre otras afectaciones, en desabasto de medicamentos y vacunas, particularmente para pacientes oncológicos y la población infantil, falta de mantenimiento a la infraestructura existente, saturación en clínicas y hospitales, escasez de equipo, insuficiencia de personal, y reducción de plazas.
En esas condiciones estaba el ISSSTE cuando inició la pandemia de COVID19, por lo que se vio rebasado ante el exceso de contagio, como el resto de las instituciones de salud.
De tal manera que el diagnóstico del Gobierno Federal respecto a la problemática del ISSSTE no sólo resulta tardío, sino que es violatorio del derecho a la salud de millones de mexicanas y mexicanos. Más que buscar resolver a fondo los problemas del Instituto, se percibe como un acto de propaganda y una manera de justificar el desastre que deja en el sector, muy lejos del sistema de salud de Dinamarca al que prometió emular.
