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Inhabilitan a seis por fuga del ‘Chapo’

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Luego de cinco meses de investigación, los seis funcionarios implicados en la fuga de Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, en julio de 2015, fueron inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El titular de la dependencia, Virgilio Andrade Martínez, informó en conferencia de prensa que estos servidores fueron destituidos definitivamente e inhabilitados por 10 años para ocupar algún cargo público, sanciones máximas previstas en la Ley Federal de Responsabilidades.

Andrade Martínez explicó que estas resoluciones fueron notificadas a los afectados entre el viernes y este martes y que, conforme a las facultades de la Secretaría, únicamente se refieren a las faltas administrativas que cometieron los funcionarios que pudieron propiciar la fuga del capo, ya que las sanciones penales competen a la Procuraduría General de la República.

Celina Oseguera Parra, coordinadora general de Centros Federales de Readaptación Social, y Valentín Cárdenas Lerma, ex director del Penal Federal del Altiplano, son los dos funcionarios de alto nivel que recibieron la sanción.

A ambos se les responsabilizó por haber celebrado una sesión extraordinaria el 31 de diciembre de 2014 en la que se determinó permitir que «El Chapo» tuviera un televisor en su celda con lo que, afirmó Andrade Martínez, hubo un abuso del cargo público y un beneficio indebido a favor de Guzmán Loera.

«Se considera que hubo abuso de su cargo por participar en la sesión del 31 de diciembre de 2014 en la que se aprobó el uso de determinados bienes a favor de quien estaba cumpliendo la pena en ese momento», dijo.

También informó que Cárdenas Lerma no justificó su salida del penal un día antes de la fuga del capo ni activó la alerta roja en el momento en que el narcotraficante desapareció del monitor de seguridad instalado en su celda.

Leonor García García, directora técnica y titular del Área Jurídica del Penal del Altiplano, fue sancionada por no haber declarado la alerta máxima luego de la evasión de «El Chapo».

Asimismo, los tres custodios investigados, Roberto Cruz Bernal, Esteban Estrada Ramírez y Juan Ignacio Cuarenta, fueron destituidos definitivamente e inhabilitados por 10 años.

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