Por: Verónica Juárez Piña
La indiferencia e insensibilidad del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ante el grave problema del matrimonio infantil y la compra-venta de niñas y adolescentes que todavía persiste en algunas comunidades de entidades del país, es inaceptable porque promueve la impunidad, la trata de personas y la violación de los derechos humanos de la niñez y adolescencia.
Ante las denuncias de medios de comunicación y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para que los distintos niveles de gobierno intervengan para erradicar el matrimonio infantil y la compra-venta de niñas y adolescentes, López Obrador dijo, en la mañanera del jueves 21 de mayo, “lamento que esto suceda, es reprobable, nada más que no debe de estigmatizarse a las comunidades indígenas, porque en los pueblos indígenas de México hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales; esta idea de que en las comunidades indígenas suceden estas cosas, usos y costumbres, y que se cometen hechos de barbarie no debe de prevalecer, porque además no corresponde a la realidad, es bastante clasista y racista esa concepción, no es un asunto generalizado».
Es decir, en lugar de cumplir con su responsabilidad de velar por los derechos humanos, garantizar el interés superior de la infancia y girar instrucciones a la Fiscalía General de la República para combatir este delito que también es competencia federal, el Presidente, como es su costumbre, se salió por la tangente y evadió el asunto.
En ocasión de esta problemática, en mi calidad de integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, presenté un Punto de Acuerdo en la Comisión Permanente en el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que, en coordinación con todas las autoridades que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, los Gobiernos de las entidades federativas y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, implementen medidas efectivas para evitar el matrimonio forzado de niñas menores de 18 años y/o su venta.
Hay investigaciones sólidas que confirman que en México aún existen comunidades donde niñas y adolescentes son vendidas por cantidades que van de los 5 a los 200 mil pesos, las cambian por ganado o las obligan a contraer matrimonio por la fuerza.
Estas prácticas se producen en comunidades frecuentemente alejadas, con poco o nulo acceso a la educación, particularmente de las niñas, y en donde los patriarcas se amparan en los “usos y costumbres” para esclavizar a las niñas y adolescentes.
Esto, además de ser contrario al artículo 4° de la Constitución General de la República, contraviene diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y pueden configurarse diversos tipos delictivos contenidos en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de estos delitos.
El Estado Mexicano está obligado a implementar una estrategia integral que no sólo prevenga estas acciones, sino que las sancione y erradique.
Existe mucha evidencia sobre la creciente comisión del delito de trata de personas como para que el Presidente de la República evada enfrentarlo con demagogia sobre el “pueblo bueno” y los “valores culturales”.
Se requiere con urgencia implementar políticas públicas, programas y acciones coordinadas entre todos los niveles y órdenes de gobierno de todas las entidades de la República para enfrentar este problema, ya que, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del SNSP, la mayoría de los ilícitos, incluido el de trata de personas, son del fuero común.
En tal sentido el que los delitos mayoritariamente sean del fuero común ni quita ni minimiza la responsabilidad de las autoridades federales, pues, evidentemente, hay varias leyes que le atañen que son violadas y que obligan a su intervención. Este 6 de junio, enviemos un mensaje contundente votando en contra de quienes se niegan a proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes.
