En un desgarrador informe enviado a la ONU, se han revelado atrocidades cometidas en la República Democrática del Congo (RDC) durante la reciente toma de Goma por el Movimiento 23 de Marzo (M23). Al menos 163 mujeres, que se encontraban detenidas en la cárcel central de la ciudad, fueron víctimas de violaciones y posteriormente asesinadas al ser quemadas vivas. Este trágico suceso ocurrió el 27 de enero, cuando más de 3.000 presos se evadieron tras la ofensiva del M23, un conflicto que ha dejado un saldo devastador de casi 3.000 muertos y cientos de miles de desplazados.
La ministra congoleña de Derechos Humanos, Chantal Chambu Mwavita, expuso estos alarmantes detalles ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en Ginebra. Según el informe, la cárcel, que albergaba a un gran número de reclusos condenados por violencia sexual, fue incendiada durante la fuga, lo que ha exacerbado la crisis humanitaria en la región. Mwavita destacó que la ofensiva del M23 no solo generó la fuga masiva, sino que también provocó un aumento en la proliferación de armas ligeras y saqueos de edificios, afectando gravemente la seguridad de las mujeres.
El contexto de este conflicto es complejo y está marcado por la histórica tensión entre la RDC y Ruanda. El M23, compuesto en su mayoría por tutsis, ha sido acusado por el gobierno congoleño de recibir apoyo desde Kigali, lo que añade una dimensión internacional a la crisis. Ruanda, por su parte, ha señalado que el Ejército congoleño colabora con las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo vinculado a los perpetradores del genocidio ruandés de 1994. Esta espiral de violencia ha intensificado los temores de un conflicto regional aún mayor.
La situación en Goma, donde más de dos millones de personas residen, es crítica. La actividad armada del M23 se reanudó en noviembre de 2021, y desde entonces ha avanzado por varios frentes, capturando estratégicamente áreas clave. La comunidad internacional observa con preocupación, mientras la Monusco, la misión de paz de la ONU en la RDC, intenta mediar en un conflicto que parece no tener fin.
Los recientes acontecimientos subrayan la urgente necesidad de una respuesta humanitaria efectiva y de medidas concretas para proteger a las mujeres y los grupos vulnerables en la RDC. La violencia sexual en conflictos armados es una violación grave de los derechos humanos y un desafío persistente que requiere atención y acción inmediata por parte de la comunidad internacional.
CON INFORMACION EFE
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