En Hagamos rechazamos toda acción de retroceso a los logros obtenidos por la ciudadanía en la lucha contra la corrupción. La falsa crisis propuesta por la Legislatura LXII y resuelta por el Ejecutivo estatal con el veto de la “Reforma 2.0”, refleja la simulación o combate a modo que quieren hacer.
El gran avance que significó poner en manos de ciudadanos nombrados por ciudadanos la coordinación del sistema estatal anticorrupción para combatir de mejor manera la corrupción del presente y no solo la del pasado, está en peligro.
Por eso el necesario segundo paso propuesto desde 2019 era la reforma que implicaba dotar de más herramientas “colmillos” al Sistema Estatal Anticorrupción terminó convirtiéndose en una propuesta que vulnera las condiciones de los miembros del CPS y con ello el proceso de consolidación de la institución que se ha vuelto incomoda por su autonomía y posturas.
La discusión no está en cómo tener perfiles puros por eso el trabajo es colegiado en busca de equilibrio, pues empresarios, activistas y funcionarios tienen diferentes formas de entender el combate a la corrupción.
Lo que si alertamos es que la estrategia del problema ficticio esconde: No toca los temas de fondo como el modelo abierto de adquisiciones y contrataciones gubernamentales, la Ley de designaciones públicas y el fortalecimiento de los Órganos Internos de Control.
Aprueba un salario, pero no les permite trabajar a las y los miembros del CPS en otros espacios y con ello tener otros ingresos, pero son sujetos a la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos.
El Congreso se convierte en juez y parte porque tendrá que evaluar las tareas de cada miembro del CPS con poder de removerlo del cargo.
Si en Jalisco queremos combatir la corrupción que significa desigualdad, opacidad, daño a los bienes públicos entre otros. Se debería empezar por abrir el diálogo, respetar los acuerdos, transparentar los procesos, promover la mejora de las instituciones.
