Por: Carlos Anguiano Zamudio
Que le vaya mal a un gobierno, siempre es una mala noticia. Produce daños y malestar a la población en general. En México, durante lo que va del siglo XXI, los Presidentes de la República han batallado con la opinión pública, siendo blanco de críticas, burlas y animadversiones.
Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, han sido atacados, cuestionados, convertidos en chiste, memes, caricatura política y relatos donde se les denosta sin tregua ni límite, escudándose los emisores, en la libertad de expresión, la libertad de prensa, la despenalización de los delitos de calumnia, difamación e injurias del Código Penal Federal, aunado todo ello al malestar por las medidas económicas provenientes de una crisis mundial extendida y prolongada por años, que le ha hecho daño al patrimonio de los mexicanos.
Episodios ocurridos como la alianza de facto de los más importantes caricaturistas políticos e intelectuales para vapulear sistemáticamente por cualquier canal de comunicación posible al Presidente Fox en su momento, arrojó páginas numerosas, cartones, memes, impresos, volantes, panfletos y calcomanías que usaron sus detractores para lastimar su popularidad e incidir en sus niveles de aprobación/desaprobación entre la población.
Igualmente en su período, al Presidente Felipe Calderón le dispensaron todo tipo de descalificativos, leyendas, historias denigrantes, chistes, asociaciones negativas, que fueron desde señalarlo como un ebrio hasta sentenciarlo como asesino. Hoy al Presidente Enrique Peña Nieto le ha tocado sufrir embates con disparates, medias verdades, temas calientes, sucesos que le ligan a la corrupción y ataques a su familia.
El común denominador de las 3 gestiones es que la legalidad está siendo desplazada por la falta de legitimidad de los gobiernos. Y esta pérdida de legitimidad tiene su origen en la desconfianza del ciudadano, así como el cuestionamiento a la clase política, derivado del historial de ventajas, privilegios y conflictos que fueron mellando el respeto, la tolerancia y la autoridad.
Sin embargo, vale la pena hacer un alto en el camino y cuestionar el hecho de que dañar los cimientos de la investidura presidencial, debilitar la institucionalidad, atacar y perder el respeto al presidente no solamente en nada sirvió ni antes ni ahora, no mejoró nada absolutamente, sino que por el contrario, los daños causados son muy difíciles de restaurar y son transmitidos a quien sea el próximo presidente de México, que sufrirá la misma suerte, sin importar de qué partido político provenga, pues no parece que se detendrá el acto de desprestigiar y reducir peyorativamente al gobernante en turno.
Vivimos una época caracterizada por que al ciudadano le divierte y hasta le reconforta que a los políticos les vaya mal. Resulta que hasta lo disfrutan como logro propio, sin percatarse que si al gobernante en turno le va mal, quienes lo pagamos somos todos y el fracaso nos arrastra sin poder evitarlo. Nuestro país ha sido marcado por una transición democrática no violenta.
Vivimos la alternancia al partido gobernante a nivel nacional desde 1929 hasta el año 2000 y el posterior retorno al PRI tras dos períodos de gobierno del PAN. La alternancia alcanzó numerosos gobiernos estatales y municipales y provocó diversas combinaciones de pesos y contra pesos en las cámaras legislativas. Hoy en México la competencia electoral se da en un marco mejorado de la legislación electoral para propiciar elecciones claras, con mayor equidad, legalidad y certeza. Se han sentado las bases para que tanto referéndum como plebiscito, junto con la iniciativa popular, la trilogía moderna de la democracia directa, se legislen a nivel nacional y en los gobiernos estatales, renovando los conductos de la participación ciudadana tendientes a acotar los alcances del poder formal. Se ha avanzado, sin duda como nación hemos avanzado.
Lo que sigue es promover y consolidar nuestra cultura cívica que debe extenderse y ser accesible para la población en general. Como sociedad debemos hacer esfuerzos para inculcar la vida democrática en nuestra población, activando el ejercicio pleno de la ciudadanía, que es derecho pero a la vez, obligación. Está claro que la gente exige, demanda, reclama, pero al parecer atacar a los gobernantes no es el mejor camino ni la forma útil para canalizar la energía y lograr el bienestar social. Criticar, cuestionar, lamentar, denunciar, y otras acciones de uso cotidiano, resultan insuficientes e impiden el paso a proponer, emprender, apoyar, razonar y debatir con sentido constructivo.
Deberíamos darle valor y reforzar a quienes intentan asumir la responsabilidad de gobernar, procurando guiar y administrar con pasión y vocación de servicio. La dureza con la que se juzga a los políticos tiene toques de desprecio, envidia, intolerancia y hasta discriminación. Los tiempos no son favorables para quienes con culpa o sin ella transitan por las sillas del poder en el ejercicio del gobierno. Al final, tanto en la política, como en el gobierno, la iglesia, la iniciativa privada, la familia y la comunidad, encontraremos garbanzos de a libra que hay que ponderar, además de los negritos en el arroz que de repente son más visibles, pero hacerlos ver como mayoría parecieras malintencionado, tal vez con alguna dosis de perversidad. No hay triunfo en demoler la fama pública de un gobernante. No es válido desear fracaso y derrota para quienes conducen el destino colectivo. Es terrible desear la catástrofe y propiciar debacles que afectan no a personas solitarias, sino que hunden el barco donde navegamos todos: los aferrados, los sacrificados, los gobernantes en turno, buenos, malos o regulares, los temerarios, los indefensos e incluso hasta a los apáticos.
Dañar a las instituciones produce consecuencias que afectan a todos y su efecto perdura por largo tiempo. La irresponsabilidad de destruir no es justificada por nada. Este es uno de los casos en los que el fin no justifica los medios, cuya consecuencia predeterminada es picar pero perder la vida con ello, como ocurre a las abejas, como ocurre a los agitadores, a los porros, a los falsos profetas vividores de la política. Estoy convencido de que lo que más conviene a los mexicanos es lograr un ajuste de la relación sociedad – gobierno.
La línea de equilibrio debe trazarse entre dos puntas en una relación de cooperación, inclusión social, corresponsabilidad, comunicación abierta, legalidad, concertación, voluntad y esfuerzo común. Productos emanados de dicha nueva relación, deben ser el gobernar para todos, sin discriminación, con transparencia, sin abusos, así como respetar al gobernante en turno, sin dejar de vigilar que cumpla con la ley, que entregue buenos resultados, que asuma las políticas públicas necesarias y convenientes para el progreso del pueblo, aún si no generan rentabilidad electoral inmediata.
Lo deseable es interactuar, participar en la reconstrucción moral de la confianza, generar una colaboración corresponsable entre sociedad y gobierno, fomentar una ciudadanía demandante de espacios de participación permanentes, atentos y vigilantes de gobernantes y funcionarios, promotores de la transparencia, detractores de la corrupción.
Positivo sería promover y dar el sí, para castigar a quien viole la ley con toda severidad; también dar el no a demoler la confianza; no a fomentar la pérdida de respeto; no a sembrar odio y rencor, pues una vez germinado, es indeterminable e incontrolables las consecuencias y el daño a la colectividad. Por ello, el futuro depende de nuestro presente.
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