La crisis financiera del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco no es una proyección a 100 años como dice el Gobierno estatal, ni es una mala interpretación de un estudio actuarial hecho por una consultora, es una realidad que ya está aquí a la vuelta de la esquina, afirmó este día el Presidente Municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez.
Por ello, ante la problemática que enfrenta el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, el Gobierno de Guadalajara exige un cambio en la manera en que se conduce la entidad responsable del patrimonio de los trabajadores y pedirá una auditoría externa a los estados financieros y las operaciones del Ipejal, así como transparentar y revisar las inversiones financieras del Instituto.
“En la próxima sesión de consejo vamos a exigir un cronograma de trabajo que nos indique con claridad las acciones que tienen que tomarse para corregir el rumbo y revertir la ruta de colisión que actualmente lleva el Ipejal, y que afectará a todos los trabajadores y pensionados del estado. Necesitamos dar un golpe de timón en el rumbo del Instituto. Dadas las complejidades financieras, demográficas y otros retos externos. Es importante trabajar de manera responsable para enfrentar la actual situación y el Gobierno de Guadalajara, tiene la mejor disposición para que esto suceda, confiamos en que en el Instituto habrá apertura para reconocer los problemas y resolverlos de la mejor manera”, afirmó Alfaro Ramírez.
Acompañado por el tesorero Juan Partida, explicó que en 2009 los activos actuariales eran iguales a los pasivos actuariales, en tanto que para 2014 los pasivos actuariales (de acuerdo con el estudio de la consultora Farell) son más grandes que sus activos en 57 mil millones de pesos.
El Presidente Municipal agregó que al Gobierno de Guadalajara le preocupa sobremanera la situación financiera del Instituto, porque es la segunda entidad gubernamental junto con sus trabajadores, después del gobierno estatal, en aportar a Pensiones del Estado, con alrededor de 88 millones de pesos al mes, es decir, cerca de mil millones de pesos anuales. Agregó que el municipio ha hecho un esfuerzo responsable para mantenerse al corriente de los pagos para asegurar el patrimonio de los trabajadores, en comparación con las administraciones 2010-2012 y 2012-2015, quienes mantuvieron adeudos de alrededor de 300 millones de pesos, que sólo pudieron saldar con la venta de patrimonio municipal. Estos pasivos, junto con un irresponsable aumento en la deuda bancaria hicieron que la calificación crediticia del Ayuntamiento bajara tres niveles. Por ello, como corresponsable de la viabilidad financiera del Instituto de Pensiones del Estado, como segundo aportante en importancia y por tener un asiento en el consejo de administración del mismo, el Gobierno de Guadalajara exige un cambio en la manera en que se conduce la entidad responsable del patrimonio de los trabajadores.
Asimismo, exigió transparentar la información de pensiones estratosféricas de las que gozan algunos privilegiados, como se ha consignado en algunos medios de comunicación, como los 192 mil 726 pesos mensuales que percibe el exmagistrado y notario público Eleuterio Valencia Carranza; o el actual presidente estatal del PRI, Socorro Velázquez Hernández, con 155 mil 868 pesos mensuales.
A continuación, Enrique Alfaro enumeró los siete puntos de peticiones al IPEJAL.
1. Solicitaremos una auditoría externa a los estados financieros y las operaciones del Instituto, adicional a los trabajos de la Contraloría del Estado.
2. Pediremos transparentar y revisar las inversiones financieras: solicitaremos hacer un análisis detallado de todas y cada una de las inversiones en el portafolio de inversiones financieras para determinar que estas se hayan realizado de acuerdo a la regulación y que sean congruentes con los objetivos del Instituto, incluyendo el otorgar un rendimiento adecuado.
a. En particular, solicitaremos un informe de las razones por las cuales se realizó una inversión en bonos de Abengoa, empresa que está involucrada en la construcción de la presa del Zapotillo y el acueducto León-Zapotillo, así como sus implicaciones en las decisiones tomadas por el gobierno del estado en materia hidráulica.
3. Detallar las inversiones inmobiliarias, incluyendo fideicomisos del Instituto: solicitaremos la información de todas las inversiones, incluyendo la de proyecto como Chalacatepec y la de Santa Cruz de la Soledad.
4. Informar sobre el estatus de la cartera de préstamos del Instituto de Pensiones.
5. Transparentar la información de pensiones estratosféricas de las que gozan algunos privilegiados, como se ha consignado en algunos medios de comunicación, como los 192 mil 726 pesos mensuales que percibe el ex Magistrado y notario público Eleuterio Valencia Carranza; o el actual presidente estatal del PRI, Socorro Velázquez Hernández, con 155 mil 868 pesos mensuales.
6. Requerimos información sobre posibles préstamos concedidos al gobierno del Estado, bajo qué condiciones se están operando, para saber si causan merma al patrimonio de los trabajadores. Pensiones del Estado no puede ser la caja chica que subsane la mala administración financiera de los gobiernos.
7. Solicitaremos la instalación de una mesa para revisar la Ley de Pensiones del Estado, en la que se incluya la construcción de un código de ética y un comité de evaluación de riesgos que verifique los movimientos financieros del instituto.
8. Pediremos la información puntual de aportaciones, donativos y apoyos extraordinarios otorgados por parte del Instituto a sindicatos y otras instancias.
