En un contundente pronunciamiento, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en el Senado de la República ha manifestado su rechazo a la minuta de cobranza delegada, considerándola una violación a los derechos constitucionales de los trabajadores. En una reciente conferencia de prensa, el coordinador de la bancada, Ricardo Anaya Cortés, enfatizó que esta reforma perjudica gravemente la economía familiar y el bienestar de los empleados en México.
Anaya Cortés, acompañado por sus colegas senadores, argumentó que la minuta permitiría a los patrones descontar salarios de manera arbitraria para pagar deudas de sus trabajadores a acreedores, una práctica que calificó de “robo” y que contraviene directamente lo estipulado en el artículo 123 de la Constitución, que protege el salario mínimo de embargos. “Es inhumanamente injusto”, aseguró, “ya que más del 75% de los trabajadores en México vive al día”.
El coordinador del GPPAN no solo destacó la improcedencia legal de esta minuta, sino que también exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum que aclare si está al tanto de las intenciones de Morena. Recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador se había opuesto a este tipo de reformas en el pasado, lo que añade un contexto de contradicción dentro del actual panorama político.
Anaya anticipó que la bancada del PAN votará en contra de la minuta, advirtiendo que detrás de esta propuesta hay “intereses económicos muy poderosos” que buscan hacer pasar lo que anteriormente fue rechazado. La declaración de los senadores del GPPAN resuena en un contexto donde la protección del salario y los derechos laborales son más necesarios que nunca, en un país donde muchas familias enfrentan ya serias dificultades económicas.
A medida que la discusión avanza en el Senado, el GPPAN continúa exigiendo un alto a lo que consideran un “albazo legislativo”, instando a los demás partidos a unirse en la defensa de los derechos de los trabajadores. Este llamado se produce en un momento crítico en el que el bienestar de millones de mexicanos está en juego, reafirmando que “el salario es sagrado” y debe ser protegido de cualquier intento de confiscación.
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