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Gobierno de AMLO desdeña incremento de feminicidios en la pandemia

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Por: Verónica Juárez Piña

En medio de la emergencia sanitaria, las mujeres y niñas víctimas de la violencia familiar y de género han incrementado de manera alarmante. Lamentablemente, además son revictimizadas desde las instituciones de un gobierno que las ignora y las condena a un olvido ignominioso.

Es urgente hacer énfasis en este problema porque no hemos visto, desde el gobierno federal, la implementación de una sola medida que esté diseñada con perspectiva de género, que se enfoque en atender la violencia de género o que contenga alguna estrategia compensatoria en materia económica para las mujeres.

En relación con la violencia de género, no obstante que la Línea Mujeres de la Ciudad de México informó que las llamadas de auxilio por violencia se han incrementado en cuatro veces desde que inició el período de aislamiento por la emergencia sanitaria y de que, a nivel nacional, el Instituto Nacional de las Mujeres ha señalado que en el número 911 se han presentado incrementos hasta del 100% en algunas entidades federativas, en llamadas de auxilio por violencia doméstica y que el 66% de estas llamadas son por agresiones físicas, no hemos visto que se implementen acciones contundentes para la atención coyuntural de este fenómeno.

A pesar de que muchos de los feminicidios y feminicidios infantiles que se han reportado durante la vigencia de las medidas de distanciamiento social, han estado vinculados al consumo de alcohol, no se ha hecho siquiera un llamado desde el gobierno federal para que las entidades federativas y los municipios limiten su consumo ya que, según muchos especialistas, este representa un riesgo en situación de aislamiento, debido a que el alcohol potencia los síntomas de la depresión y la ansiedad que detonan la violencia.

La sociedad civil nacional y la comunidad internacional también han expresado la necesidad de que estas mujeres y niñas cuenten con lugares seguros cuando sean víctimas de violencia extrema, pero se ha retrasado la entrega de los recursos etiquetados en el presupuesto, en una situación en la que los refugios se encuentran prácticamente al 90% de su capacidad.

La misma circunstancia se replica en las estancias infantiles ya que, después de que al menos una tercera parte de las y los niños que asistían a las mismas, las han abandonado debido a la errónea estrategia de entregar los recursos de manera directa. Ahora nos dicen que son actividades prioritarias y que no pueden cerrar, pero operan sin recursos para afrontar las medidas sanitarias impuestas.

Recientemente, la Cámara de Senadores aprobó la Ley de Amnistía, con el discurso de que beneficiará a quienes, con factores de riesgo por la epidemia de COVID-19 se encuentran privados de su libertad, entre ellos a las mujeres encarceladas por el delito de aborto. Si en realidad quisieran que estas mujeres salieran, podrían hacer que los Congresos, los Titulares de los Poderes Ejecutivos y los Poderes Judiciales de las entidades federativas que gobierna la mayoría morenista tomen todas las medidas necesarias, incluyendo la derogación de los tipos penales de aborto y similares, así como medidas de libertad condicional o anticipada, para beneficiar a las mujeres que se encuentren detenidas, bajo proceso o sentenciadas por esos delitos.

Este y otros temas fueron abordados en el foro virtual “Violencia contra las mujeres y niñas: La otra epidemia. Políticas y presupuestos públicos durante la emergencia sanitaria”; organizado por la Diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano.

Durante mi participación en el mismo, sostuve además que en materia económica, la situación de violencia institucional en contra de las mujeres no es diferente. No vemos apoyos o medidas paliativas que aminoren los efectos de la crisis por la pandemia para las mujeres jóvenes con instrucción media superior que dirigen la mayor parte de las micros y pequeñas empresas. Tampoco vemos alguna acción en favor de las familias con jefatura femenina que constituyen la tercera parte de los hogares en México ni para las mujeres que hoy constituyen el 45% de la fuerza laboral en nuestro país.

La violencia institucional ejercida en contra de las mujeres resulta inaceptable, por lo que es urgente que el gobierno federal incorpore la perspectiva de género en todas las medidas que sean tomadas y que atienda sus necesidades específicas, disponiendo para ello de los recursos presupuestales que sea necesario. Si la crisis de violencia feminicida constituía una emergencia nacional, no podemos dejar que ésta se vea agravada por la inacción de un gobierno que se convierte en victimario de las mujeres y niñas por su indiferencia, su indolencia, apatía y abandono.

Al contrario de lo que hemos pedido la sociedad civil y la oposición, en el Ejecutivo vemos una actitud paternalista y misógina, misma que se replica en las instituciones del gobierno, ignorando las necesidades específicas de las mujeres. No sólo es el llamado para atender la violencia doméstica, no sólo es el llamado para atender la violencia de género, es una llamada de atención para que todas las medidas implementadas durante esta emergencia tengan una perspectiva de género y estas medidas, sin duda alguna, tendrán un costo, porque los derechos humanos cuestan dinero, garantizar la igualdad cuesta dinero. Es el precio que, como sociedad, debemos pagar para la protección de los derechos humanos, la igualdad y la dignidad de las personas.

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Periodista, resignado Atlista, enamorado de mi ciudad y de mi Estado. De L a V en punto de las 7am al aire @1070noticias http://bit.ly/oYJFU2