El gobierno de Estados Unidos ha intensificado su lucha contra el narcotráfico en la región, anunciando una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura o condena de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del famoso narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. La medida forma parte de una serie de sanciones y acciones dirigidas a desmantelar la estructura del Cártel de Sinaloa y sus principales líderes.
El Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones económicas contra Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, identificados como cabecillas de Los Chapitos, la facción del cártel que asumió el control tras la captura y extradición de su padre. Según las autoridades estadounidenses, esta facción se ha consolidado como una de las más violentas y poderosas del narcotráfico en la región.
Las autoridades estadounidenses acusan a Los Chapitos de liderar una organización responsable de una gran parte del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, operando en laboratorios clandestinos en Sinaloa con precursores químicos provenientes de Asia. Además, se señala que emplean tácticas brutales, incluyendo torturas y asesinatos, para mantener su dominio en el mercado y eliminar a sus rivales. La Casa Blanca ha señalado que esta facción es la principal responsable de la epidemia de opioides que causa miles de muertes en territorio estadounidense cada año.
Mientras algunos miembros, como Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, ya están detenidos en Estados Unidos, otros, como Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, permanecen prófugos. Iván, en particular, ha sido protagonista de una fuga espectacular en Culiacán, logrando escapar a través de un túnel durante un operativo de captura. La Oficina de Inmigración y Seguridad Nacional (HSI–ICE) advierte que ambos son considerados “armados y peligrosos” y ha habilitado una línea telefónica (520-335-7315) para recibir información que permita su captura.
Esta ofensiva refleja la determinación del gobierno estadounidense de desmantelar las redes del narcotráfico y llevar ante la justicia a sus principales líderes, en un esfuerzo por reducir la violencia y el flujo de drogas ilícitas en la región.
