El director del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), Todd Lyons, anunció planes para aumentar la persecución a las compañías que contratan a migrantes en situación irregular, argumentando que estas prácticas “explotan a estos trabajadores que vinieron aquí en busca de una vida mejor”. Sus declaraciones generan debate en medio de una política migratoria en constante evolución en el país.
Lyons afirmó en una entrevista con CBS que el enfoque del ICE no solo se dirige a quienes trabajan sin autorización, sino también a las empresas que, según su opinión, se benefician de la explotación laboral. El funcionario señaló que estas contrataciones no “son un delito sin víctimas”, y que investigaciones previas han revelado casos de trabajo forzoso y tráfico de menores.
Estas declaraciones ocurrieron poco después de que las autoridades detuvieran a más de 300 inmigrantes en varias localidades, entre ellos diez menores en granjas de cannabis en California, región donde el cultivo de la planta es legal. Lyons destacó que su agencia mantiene su prioridad en abordar los casos más graves, aunque también afirmó que bajo la actual administración se ha ampliado el alcance de sus operaciones migratorias.
Además, Lyons expresó que el objetivo del gobierno de deportar a un millón de personas en 2025 “es posible”, aunque los datos internos indican que, hasta ahora, menos de 150,000 deportaciones se han llevado a cabo. El funcionario criticó las políticas de los estados y ciudades con leyes ‘santuario’, que limitan la cooperación entre las autoridades locales y el ICE, argumentando que ello dificulta las operaciones de detención en las comunidades.
Lyons también lamentó la dificultad de centrarse en “criminales peligrosos” dentro de las cárceles, señalando que a menudo los arrestos en las comunidades se deben a la falta de colaboración local. Afirmó que la falta de cooperación obliga a su agencia a realizar operaciones en las comunidades, lo que, según él, resulta en detenciones “colaterales”, muchas veces de personas que ya habían sido identificadas como amenazas por las autoridades locales.
Estas declaraciones reflejan una postura firme por parte del gobierno estadounidense en materia migratoria, en medio de un debate nacional sobre las políticas de inmigración, la protección de derechos laborales y las relaciones entre las distintas jurisdicciones en el país.
