Por: Carlos Enrique Martínez Gutiérrez
Para la mayoría de la población del país la fecha del 19 de septiembre fue un día más en la vida cotidiana de las personas, pasó inadvertida la conmemoración de los sismos de 1985 y 2017 al menos que se hayan enterado por algún medio de comunicación que hizo la referencia, lo que si se celebraron fueron algunos actos oficiales conmemorativo al respecto, realizados por dependencias de los diferentes niveles de gobierno.
Esta fecha la deberíamos tener presente para recordar tristemente un par de sismos que estremecieron al país en la misma fecha, pero que no han sido los únicos eventos en la historia y menos aún en los últimos años, donde se han afectado diferentes ciudades, poblaciones, comunidades y la propia capital del país.
Estos fenómenos naturales que en muchos de los casos sus epicentros se reportan frente a las costas de los estados de Guerrero o Oaxaca de nuestro país, tienen su origen debido a que en esta zona se localiza la “Placa de Cocos”, también conocida como Placa del Coco.
Esta placa tectónica se encuentra debajo del Océano Pacífico, de la Costa Oeste de América Central. Dicha placa tiene límites divergentes con la “Placa Pacífica” en el oeste y con la “Placa de Nazca” en el sur, el límite con esta última está constituido por la dorsal de galápagos. En el noreste la “Placa de Cocos” limita con la “Placa Norteamericana” y “Placa del Caribe” debajo de las cuales es subducida, provocando el volcanismo del arco volcánico centroamericano además de fuertes terremotos en la zona.
La mayoría de los epicentros de los terremotos es debido a esta subducción entre la “Placa de Cocos” y la “Placa Pacífica”. La subducción de placas no es otra cosa que el proceso de hundimiento de una placa bajo otra, y es causada por dos fuerzas tectónicas una que proviene del empuje de las dorsales meso-oceánicas y otra que deriva del jale de bloques lo que provoca recurrentes terremotos.
Pero, aunque estas son las grandes placas tectónicas hay una fracción de la de cocos que se denomina “Placa Rivera” y que se encuentra al norte de la “Placa de Cocos”. Se cree que la “Placa de Rivera”, se separó de ella hace 5-10 millones de años. Dicha placa se encuentra frente a las costas de los estados de Jalisco y Nayarit y ha permanecido estable por muchos años, pero esto no quiere decir que en cualquier momento pudiera ser motivo de una subducción y por consiguiente epicentro de un sismo.
Ante esta posibilidad latente los impactos directos, y los efectos del sismo se sentirían directamente sobre esta zona del país y por consiguiente sobre el área metropolitana de Guadalajara, situación que nos hace reflexionar que tan segura es la ciudad donde vivimos y si está preparada para un sismo de gran escala, y además preguntaría, ¿si como sociedad estamos preparados para una eventualidad de esta naturaleza?
Hoy podemos hacer una reflexión en ese sentido: qué tan vulnerable son las ciudades y más aún las construcciones ante este tipo de fenómenos naturales, desgraciadamente la naturaleza nos cobra la factura, pero lastimosamente en muchos de los casos hay pérdidas de vidas, por supuesto que en estos eventos no siempre salen bien libradas las autoridades porque desnudan una serie de errores, negligencias, fallas, carencias y corrupción en las administraciones públicas de los diferentes niveles de gobierno. Un triste ejemplo que nos avergüenza y por demás indignante fue la pérdida de vida de 19 inocentes en el sismo del 2017 en un colegio de la ciudad de México, situación por demás indignante, que lastimó a toda la sociedad, quedando de manifiesto que los niños fueron las víctimas de una cadena de corrupción del sistema.
Pero lo preocupante del caso es que parece no hay conciencia de los riesgos que se corren en eventos de esta naturaleza, no hay políticas públicas para reforzar y dar seguridad a lo construido antes del 85 pero lejos de tener mejores normas y aplicarlas, pareciera que hay una tendencia exactamente al revés, una euforia de quitar toda clase de normatividad en aras de la inversión, un procedimiento que no se ha medido, no se tiene la conciencia y las autoridades la han dejado pasar, o no saben, o no les conviene o están pecando de irresponsables y más preocupante es el hecho que la autoridad permite y solapa la simulación de responsables en las construcciones.
El construir una obra con el diseño y seguridad que se necesita es materia de una licenciatura y se requiere titulo y cédula profesional para ejercer esta actividad profesional, cualquiera que la realice sin reunir los requisitos marcados por diversas leyes y reglamentos en la materia, es usurpación de profesión y se castiga con cárcel. Por eso en el Estado de Jalisco la Ley en la materia específica que los directores responsables de proyecto u obras tendrán la función de técnicos responsables de los proyectos u obras ante los particulares y la autoridad municipal, además que son los profesionistas responsables del control y construcción de cualquier género de obra, que se encuentran legalmente establecidos, responsabilizándose que la ejecución de las obras que le sean encomendadas, cuidando y dirigiendo bajo su responsabilidad que, se realicen estrictamente de acuerdo a los proyectos ejecutivos y especificaciones aprobados por la autoridad municipal, de las leyes y reglamentos que correspondan, de las autorizaciones para el inicio, durante y la terminación de la misma, de las normas de seguridad, del sistema constructivo, de la calidad de los materiales, de la afectación a terceros y de todo cuanto se requiera durante el proceso, terminación y finiquito de la obra.
Una ley líder a nivel nacional en materia de los responsables de construir en las ciudades, pero aunque lo diga la ley, muchos reglamentos municipales omiten esta responsabilidad, donde las prácticas de simulación son cotidianas, los municipios y las autoridades siguen minimizando la responsabilidad de quien construye es más, siguen permitiendo que cualquier gente construya sin los requerimientos marcados por la ley, el colmo es que hasta el titular del gobierno de la República en su discursos recomienda omitir el uso de los profesionistas en la construcción de casas o escuelas, en la misma línea de la anterior administración federal donde le dieron a los damnificados de un sismo en el sureste dinero a través de tarjetas, para que directamente la población reconstruyera sus casa con ayuda de un albañil.
Se les olvida que por eso se dañaron las viviendas. La realidad es que esos programas o políticas públicas son una manera de lucrar políticamente con la seguridad de las personas.
Afortunadamente la mayoría de las construcciones importantes realizadas posterior al sismo de 1985 cambiaron las normas de seguridad, así como los coeficientes en el momento de hacer los cálculos estructurales respectivos, pero, desgraciadamente muchas de las construcciones públicas o privadas y en mayor medida las viviendas en serie o por autoconstrucción no realizan los proyectos ni los estudios necesarios para construir obras con la seguridad que se requiere, aunado a la simulación de los directores responsables de las obras, donde en lugar de ser los ejecutores de las construcciones se convierten en supuestos supervisores de alguien que construye, sin estar facultado por la ley, donde la venta de firmas está a la orden del día y todo con la complacencia de los colegios de profesionistas y la autoridad municipal.
La problemática no es menor porque este tipo de construcciones en el caso de un sismo, la mayoría de las viviendas realizadas por autoconstrucción, así como todas estas construcciones supuestamente supervisadas por los DRO sufrirían severos daños.
Según cálculos oficiales, establecen que por este sistema se construye el 62% de la vivienda, pero no solo estas se verían afectadas, también gran cantidad de obra pública, la mayoría realizada por los municipios por administración directa, donde en este tipo de obra casi nunca realizan proyectos ejecutivos y mucho menos los cálculos estructurales o los estudios respectivos para la obra en cuestión.
A sabiendas que vivimos en un país con un extenso territorio de zonas sísmicas, debemos de adquirir la conciencia como sociedad y gobierno, donde la prioridad ante todo es la seguridad de las familias y sus espacios, para que puedan desarrollar sus actividades, es imprescindible reflexionar el tema de la seguridad, modificar los reglamentos, aplicar las leyes, cero tolerancias en cuanto a la simulación, usurpación de profesión, venta de firmas y demás actos de corrupción, se debe de responsabilizar a los profesionistas de su ejercicio profesional.
Debemos poner un alto a toda esta impunidad. Cuántas vidas se deben de perder, cuántas tragedias queremos contar, cuántas pérdidas materiales debe de haber, cuánto presupuesto se requiere para damnificados, qué tanto riesgo queremos tener en la ciudad donde vivimos, pero sobre todo debemos de tener claro que la vida es la prioridad y está por encima de cualquier cosa.
