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Entregar medios públicos a Iglesias atentaría contra el Estado Laico

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Por: Verónica Juárez Piña

La pretensión del Ejecutivo Federal de enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para que las iglesias puedan ser concesionarias de canales de televisión y de radio públicas, con el objetivo de promover sus valores; violaría los artículos 24 y 130 de la Constitución de la República y atentaría contra la Laicidad del Estado Mexicano.

El artículo 24 constitucional es muy claro al establecer que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado…Puntualiza además que “los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria”.

En tanto, el Artículo 130 de la Carta Magna establece el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias.

Así que al entregar concesiones de medios públicos a las iglesias, como lo pretende, Andrés Manuel López Obrador no sólo rompería con el principio de Laicidad del Estado; sino que estaría utilizando bienes de la Nación para pagar favores a los grupos religiosos con los que construyó alianzas electorales durante su última campaña a la Presidencia de la República.

La entrega de las concesiones de canales de televisión es un procedimiento estricto, complejo y técnico; y es una competencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), no del Presidente de la República.

Si el Ejecutivo Federal pretende ceder a las iglesias concesiones de medios públicos no es suficiente con reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, sino que tendría que iniciarse un procedimiento ante el IFT para que este, en el marco de su competencia, tome la determinación de concederlas o no. Hacerlo de otra manera reforzaría la aversión del Presidente de la Repúblicas a los organismos autónomos. Además, este tipo de concesiones deben responder al interés público y no a las inclinaciones presidenciales. 

Es sumamente preocupante la inclinación del Presidente de la República por imponer su visión moral, religiosa y conservadora a todas las políticas públicas y programas de gobierno. 

Este es sólo un ejemplo al que le preceden la alianza electoral que Andrés Manuel construyó con el Partido Encuentro Social, impulsado por organizaciones cristianas, y la Cartilla Moral de Jesús Reyes Heroles, de la cual la Secretaría de Educación Pública imprimió 10 millones de ejemplares. 

Así como las expresiones presidenciales en las que resalta la familia tradicional, desconociendo las múltiples tipos de familia que existen actualmente, o sus intenciones de poner a consulta el tema de la interrupción del embarazo.

Es por esta razón que el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados organizó este lunes el Foro: “La Laicidad del Estado Mexicano. Actualidad, expectativas y retos en el escenario nacional contemporáneo”, en el que participaron la exsenadora perredista Angélica de la Peña Gómez y los especialistas Dr. Roberto Blancarte, Dr. Armando Javier Díaz y el Mtro. Antonio Medina.

Los temas que se abordaron fueron “El legado de la laicidad juarista en la vida política nacional, una lectura histórica”, y “Realidad y retos de la secularidad del Estado mexicano y su clase política frente a la ciudadanía mexicana”.

En mi intervención, adelanté que el GPPRD presentará en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a diversas disposiciones legales con el propósito de frenar y revertir la actual multiplicación de atentados contra el Estado Laico Mexicano y sancionar a los funcionarios públicos permisivos o partícipes de tales agresiones.

Frente a la pretensión de Andrés Manuel de imponer arbitrariamente su visión moral y religiosa a todas y todos los mexicanos y de pasar por encima de la Constitución de la República para pagar favores a sus aliados electorales; es absolutamente necesario emprender diversas tareas para hacer valer el principio de separación entre las iglesias y el Estado, de modo que la actuación de éste no se supedite a religión alguna ni se utilice para hacer proselitismo político en favor de nadie.

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