Por: Carlos E Martínez
El próximo domingo 1 de junio de 2025, México vivirá un momento sin precedentes en su historia democrática; por primera vez se elegirán mediante voto popular magistrados, jueces de distrito y ministros del Poder Judicial de la Federación. Esta decisión busca romper con la opacidad del sistema de designaciones, y acercar al Poder Judicial a la ciudadanía. Sin embargo, el cambio también representa un reto logístico, institucional y ético que se siente con especial fuerza en Jalisco, una de las entidades más pobladas del país.
En este mismo contexto, Jalisco se prepara para elegir un total de 55 cargos judiciales: 32 magistraturas y 23 judicaturas, repartidos en cuatro Distritos Judiciales Electorales, esto con base en los 20 distritos electorales federales del estado. Jalisco fue dividido geográficamente en cuatro Distritos Judiciales Electorales, cada uno compuesto por distritos federales específicos, mismos que menciono rápidamente:
Distrito Judicial Electoral 01 (Incluye los distritos federales 01, 05, 17, 18 y 19) abarca gran parte del occidente, sur y noroeste del estado, con municipios como Autlán, Tepic, Ciudad Guzmán y Ameca; Distrito Judicial Electoral 02 (Comprende los distritos 02, 03, 09, 15 y 20) Municipios como Tepatitlán de Morelos, Yahualica, Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos están dentro de este distrito; Distrito Judicial Electoral 3 (Agrupa los distritos 04, 06, 10, 12 y 13) con una fuerte presencia en la ZMG, como Zapopan, Tlajomulco y Tlaquepaque; Distrito Judicial Electoral (Incluye los distritos 07, 08, 11, 14 y 16) abarca el corazón del Área Metropolitana de Guadalajara y parte del sureste del estado, incluyendo Guadalajara centro, Tonalá, El Salto y municipios como La Barca y Ocotlán. Esta distribución presentada por el INE, busca garantizar una representación equitativa en el nuevo modelo de elección judicial.
A nivel nacional, se han registrado más de 34 mil aspirantes a cargos judiciales. En Jalisco, la contienda ya ha generado polémica por la postulación de algunos perfiles con vínculos religiosos, historial penal o escasa trayectoria jurídica. Este fenómeno ha levantado preocupaciones entre los colegios de abogados, universidades y organizaciones de la sociedad civil. La UdeG y el ITESO han expresado su inquietud por la ausencia de filtros de evaluación rigurosos, y la posibilidad de que se coloquen candidatos con fuerte respaldo político o popular, pero sin preparación judicial técnica.
La sociedad jalisciense aún no asimila del todo el alcance de esta elección. Según encuestas recientes de plataformas como México Elige y Parametría, más del 60% de los votantes aún desconoce cómo funcionará el proceso o qué cargos se renovarán. El INE estableció topes diferenciados de gastos de campaña para las candidaturas al Poder Judicial, considerando la naturaleza y el alcance territorial de cada cargo. Los montos máximos para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y de la Sala Superior del TEPJF: hasta $1,468,841.33 pesos; Magistrados de las Salas Regionales del TEPJF: hasta $881,304.80 pesos; Magistrados de Circuito (Tribunales Colegiados y de Apelación): hasta $413,111.63 pesos; Jueces de Distrito: hasta $220,326.20 pesos. Estos límites se aplican a los gastos personales de campaña de cada candidato a partir del 30 de marzo y concluye el 29 de mayo de 2025. Cabe destacar que, todos los gastos de campaña se deberán cubrir exclusivamente con recursos propios de las y los candidatos. Al igual que una serie de restricciones; No pueden recibir financiamiento público ni privado; No pueden aparecer en espectaculares, anuncios en transporte público o bardas, Tienen prohibido hacer promesas de campaña o emitir juicios sobre casos pendientes; No pueden utilizar símbolos religiosos, partidos políticos ni colores que los identifiquen con alguna organización; No pueden participar en mítines tradicionales, caravanas o actos masivos; El contenido de su promoción debe centrarse exclusivamente en su experiencia jurídica y trayectoria, sin lenguaje político o electoral.
El 1 de junio de 2025 marcará un antes y un después en la historia política de Jalisco y de México. La elección del Poder Judicial es mucho más que un simple cambio de autoridades; es una apuesta por un sistema judicial más cercano, transparente y legítimo.
Sin embargo, este proceso no está exento de desafíos: la falta de preparación en algunos candidatos, el riesgo de manipulaciones políticas y la desinformación son amenazas latentes. En un estado como Jalisco, con una gran diversidad y complejidad social, esta elección podría convertirse en un verdadero campo de batalla no solo por el poder judicial, sino por la misma confianza ciudadana.
El reto es claro: garantizar que la ciudadanía ejerza su voto con responsabilidad y conocimiento, y que los nuevos jueces, magistrados y ministros no sean solo figuras políticas, sino verdaderos guardianes de la justicia. Para lograrlo, será esencial que los votantes se mantengan informados, que la fiscalización sea estricta y que, por encima de todo, prevalezca el interés colectivo por un Poder Judicial autónomo, imparcial y transparente.
En un momento de creciente desconfianza en las instituciones, este proceso puede ser la oportunidad para reconstruir la fe en la justicia. Pero para ello, no basta con hacer historia. Se necesita que cada ciudadano, cada votante, asuma el compromiso de decidir con conciencia, sabiendo que su elección no solo impactará la vida de los próximos magistrados, sino el futuro de la justicia en Jalisco y en el país. La elección judicial de 2025 es, sin duda, una de las decisiones más cruciales de la democracia mexicana.
