Por: Héctor Romero González
Para poder cumplir con las obligaciones a su cargo y satisfacer las necesidades colectivas, el Estado requiere de recursos y, entre más recursos tenga disponibles, mayores serán las probabilidades de éxito de sus proyectos.
Para hacerse de estos, los gobiernos han creado los impuestos que, por supuesto, a nadie resultan agradables y, menos aún, en un contexto donde no existe suficiente transparencia y rendición de cuentas o, por lo menos, cuando esta es la percepción de los ciudadanos.
Así, el verdadero triunfo de una hacienda pública dependerá de qué tantos ingresos se obtengan sin incomodar en exceso a los gobernados.
En México, ante el temor de la impopularidad que pudiera conllevar una estricta recaudación, los estados y municipios han menguado sus esfuerzos y muestran una alta dependencia del gasto federalizado, es decir, de los recursos que les transfiere la federación.
De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación, en 2019 los recursos federales representaron el 84.6% de los ingresos de las entidades, mientras que, tratándose de los municipios, este porcentaje es superior al 70%.
Esta dependencia influye en la capacidad de gestión de los gobiernos locales que, ante una disminución de transferencias federales, ven comprometida su capacidad de prestar servicios públicos.
Como respuesta frente a la escasez de recursos y el crecimiento de las necesidades básicas de la población ha surgido la llamada alianza federalista, espacio en el cual gobernadores de varios estados, entre ellos el nuestro, han centrado el debate público en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, referido popularmente como “pacto fiscal federal”, reclamando un supuesto maltrato de la federación y la obsolescencia de las fórmulas de distribución de fondos federales.
No obstante, el gobierno federal ha distribuido los recursos sin contratiempos y no se han presentado estudios claros sobre las supuestas fallas en las fórmulas de distribución, por lo que esta demanda pareciera que obedece más a la búsqueda de una justificación frente a las presiones fiscales que enfrentan, cuya causa podría no ser un maltrato del tlatoani federal, sino el inadecuado aprovechamiento de fuentes de ingresos propias, lo que acentúa los estragos de la dependencia económica.
A nivel estatal destaca el impuesto sobre nóminas, el más relevante de los tributos locales, por el cual en 2019 existía un potencial recaudatorio estimado de 216 mil de millones de pesos (mmdp) pero apenas se recaudaron 100.8 mmdp.
En cuanto a la tenencia vehicular, considerada como la segunda fuente de ingresos propios más importante a nivel local desde su “desfederalización” (2012), únicamente 14 estados la mantienen en vigor, aunque varias con estímulos, 16 entidades federativas lo tienen derogado y 1 suspendido. Por lo que hace al estado de Jalisco, esta brilla por su ausencia, al no haberse establecido nunca un impuesto local por este concepto.
También es preocupante que sean pocas las entidades que han innovado con impuestos ambientales que, además de incrementar la recaudación, desincentivan actividades específicas que deterioran el medio ambiente.
Los municipios cojean de la misma pierna; la recaudación por concepto de predial en bajísima en contraste con su potencial. En México como proporción del PIB su porcentaje promedio es de 0.31%, lo cual contrasta con países de la región, donde el promedio es de 0.89%, mientras que en países desarrollados alcanza un 3.9% (Canadá).
Otro rubro son los derechos de agua, donde frecuentemente se acumulan las cuentas por cobrar hasta el punto de su prescripción, incentivando a los contribuyentes a omitir su pago.
Esto obliga a una reflexión que no debe ser obviada en el próximo periodo electoral, donde elegiremos diputados, quienes, además de ser responsables de la expedición de leyes, también están a cargo de la aprobación del presupuesto del estado, leyes de ingresos y su fiscalización, es decir, revisar que se gasten adecuadamente los recursos públicos y que los gobiernos estatal y municipales recauden adecuadamente. No sobra decir que estos adquieren un papel relevante en el contexto político, considerando que la autorización, en su caso, de separar a Jalisco del pacto fiscal con la federación corresponde a la legislatura local.
Debemos prestar menos atención a las promesas de diarrea legislativa, de modificaciones legales que por lo general están orientadas solo a llamar la atención.
Un ejercicio serio y real de la función parlamentaria exige que los diputados no prescindan del resto de las atribuciones de control con que cuentan, ni se entiendan estas como accesorias. La vigilancia del ejercicio del gasto y la fiscalización de la manera en que nuestras haciendas locales recaudan debe ser una tarea escrupulosa y constante.
Un voto informado implica que cuestionemos a quienes aspiran a convertirse en nuestros representantes cómo aprovecharán este poder de la bolsa que sin lugar a dudas incide, más de lo que nos damos cuenta, en nuestra cotidianidad.
@hecromg
