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El Terremoto que Viene

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Por: Arq. Carlos Enrique Martínez Gutiérrez

En los últimos días hemos sido testigos de una serie de tragedias como consecuencia de los sismos, los cuales afectaron diferentes ciudades, poblaciones, comunidades y la propia capital del país.

Desgraciadamente estos eventos nos llevan a una serie de reflexiones que no siempre salen bien librados las autoridades, porque desnudan una serie de errores, negligencias, fallas, carencias y corrupción en las administraciones públicas de los diferentes niveles de gobierno que hoy se empiezan a cobrar las facturas.

Las tragedias nos llevan primero a atender lo urgente que es la ayuda de la población, pero es necesaria la reflexión y análisis para ir a lo importante que es la solución. Y la pregunta obligada: es seguro donde vivimos y estamos dispuestos a cambiar?

Para nadie es un secreto que la situación geográfica de nuestro país está expuesta a una serie de fenómenos naturales, por un lado el alto riesgo de sismicidad en buena parte del territorio nacional, pero por la otra las grandes extensiones de litorales también acrecienta la posibilidad de fuertes tormentas tropicales, ciclones y huracanes. Este mapa de alto grado de vulnerabilidad de nuestro país pareciera que los gobiernos no lo conocen y año con año las tragedias se repiten, sin que se logren implementar las políticas públicas y las previsiones respectivas de forma permanente.

Todos los años hay emergencias, damnificados, pérdidas de patrimonio de las personas y peor aún, tragedias acaparan los titulares de los medios de comunicación y todos los años, las soluciones son en lo urgente mas no en lo importante.

Ante esta serie de eventos y las posibilidades reales de un desastre natural, nos hace reflexionar qué tan segura es nuestra ciudad, pero además si como sociedad estamos preparados para eventualidades de esa naturaleza tanto de forma institucional como material.

A la sociedad civil, las catástrofes nos han hecho de e el apoyo y respaldo hacia los afectados sea incondicional, sentimientos de solidaridad, ayuda y comprensión se respiran en amplios y diversos sectores de nuestra sociedad.

Tristemente las instituciones oficiales han quedado al margen de este sentimiento nacional, gracias a la desconfianza, la corrupción, el hartazgo, los excesos y el oportunismo de muchas autoridades de todos los niveles así como de políticos de todos los partidos. Esto ha hecho que la sociedad civil se organice y busque apoyar a los connacionales a pesar de las traba, obstáculos y oportunismo de algunos gobiernos que buscan sacar partido de la tragedia. El viejo dicho “mucho ayuda el que no estorba”, aplica para estos casos.

El recuento de daños materiales a la fecha, de acuerdo a los reportes de diferentes autoridades y medios, establece que las construcciones más dañadas en la mayor parte del país son edificios patrimoniales, la obra pública, según la SEDATU 60 mil viviendas ejecutadas por el sistema de auto construcción y edificios particulares de varios niveles básicamente en la Ciudad de México, además de un sinnúmero de construcciones con daños menores que aún están en revisión y evaluación.

En cuanto a la Ciudad de México, la mayoría de sus construcciones salieron bien libradas tomando en cuenta las dimensiones de esa gran ciudad, debido a que a partir del sismo del 85 cambiaron sus normas de seguridad con las que se calculan los edificios, no así en la mayoría de los Estados y mucho menos en la mayoría de los municipios del país.

En la capital del país, en los edificios afectados quedó de manifiesto la irresponsabilidad de las autoridades locales de autorizar construcciones. Y los constructores al realizarlas, pero es inaceptable que una escuela se haya colapsado.

Aunque en los medios de comunicación está centrada la atención en la Ciudad de México, la realidad es que la tragedia es mayúscula en comunidades y poblaciones de diferentes Estados del país, apenas hay algunos esbozos de información en medios nacionales. Hablar de 60 mil viviendas cuando menos es hablar de 300 mil personas damnificadas, sin un techo y donde su patrimonio quedó convertido en escombros.

La mayoría de estas viviendas fueron construidas por auto construcción, que además de las pérdidas de las vidas, el patrimonio quedó convertido en nada. Se construyeron sin ninguna norma técnica, sin dirección de ingenieros civiles o arquitectos y con la complacencia e irresponsabilidad de la autoridad municipal o local.

Alarman las declaraciones de la Secretaria de la SEDATU donde señala que la reconstrucción se realizará por auto construcción dándole a la gente dinero y materiales para que ellos con sus familiares o los albañiles del pueblo vuelvan a edificar o reparar sus casas, o sea que no entendieron la lección. Casi se diría: repárelas para que se vuelvan a caer en el próximo temblor o huracán.

En lugar de pensar en un programa integral de reconstrucción donde la seguridad y los aspectos técnicos sean la premisa, donde intervengan los profesionistas facultados por la ley para dirigir y asesorar a la población, se está pensando en dádivas. Ese tipo de medidas cobra vidas humanas, son personas, son familias, son actos criminales los que lo promueven y permiten, pero en eso no se piensa. Piensan solo en cuántos votos obtendrán. A eso se le llama clientelismo político e irresponsabilidad.

En cuanto a la seguridad de las construcciones hay dos tipos de instalaciones que por ningún motivo deben de sufrir daños porque aseguran el funcionamiento del país y dan protección a la población en caso de un desastre. El primer grupo tiene que ver con la seguridad nacional como puertos, aeropuertos, vías de comunicación, presas, refinerías, instalaciones que generan energía e instalaciones militares, básicamente.

El otro grupo tiene que ver con la protección a la población, que son hospitales y clínicas de salud para su atención, escuelas, auditorios que se convierten en albergues temporales, por eso es inadmisible que cualquiera de estas instalaciones sufra daño en caso de un desaste natural.

En esto último hay una gran irresponsabilidad por parte de los entes de gobierno donde la mayoría de la obra pública se construye sin los estudios y proyectos ejecutivos y menos con las normas de seguridad requeridas, por eso vemos ejemplos de puentes, carreteras, escuelas, hospitales, edificios públicos y clínicas colapsados, entre otros muchos ejemplos, aunado a la corrupción y la mala calidad de las obras que tradicionalmente en su mayoría son ejecutadas por lo municipios aunque últimamente la SCT se lleva las palmas.

El irresponsable lema de “Vamos a hacer más con lo mismo” ha sido un llamado para hacer obras públicas sin los estudios respectivos y de mala calidad, aunado a la “urgencia” por los tiempos electorales y los negocios que para unos cuantos representa.

No hay políticas públicas para reforzar y dar seguridad a lo construido pero lejos de tener mejores normas y aplicarlas, pareciera que hay una tendencia exactamente al revés, por quitar toda clase de normatividad en aras de la inversión privada.

Tenemos muchas tareas pendientes por hacer, se demanda urgentemente una revisión profunda de todo tipo de leyes, normas y reglamentaciones, se requiere responsabilizar a los profesionistas facultados por la ley para proyectar o construir, se requiere que las autoridades vigilen y apliquen la ley. Se necesita que las autoridades vigilen y apliquen la ley, se necesita que impidan la invasión de zonas de riesgo. Se requiere que los entes de gobierno ejecuten las obras públicas de acuerdo a los proyectos ejecutivos y con la calidad que se requiera, necesitamos sentar las bases para hacer las cosas diferentes.

Bien lo decía Albert Einstein: “si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Requerimos entrar a una cultura diferente.

En suma, rediseñemos el modelo de hacer las cosas, porque el actual está agotado y muchas vidas dependen de ello.

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