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El tema energético, un dolor de cabeza más

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Por: Salvador Cosío Gaona

Una polémica más se ha añadido a las controversias que actualmente enfrenta el gobierno federal, luego de que el pasado 29 de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendiera, indefinidamente, la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que el 15 de mayo la Secretaría de Energía dio a conocer al publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOM), a través del cual se establece el nuevo acuerdo en materia energética.

De acuerdo con la Secretaría de Energía (SENER), la nueva política energética “establece criterios técnicos para la incorporación confiable, progresiva y acelerada de la energía de cualquier técnica de generación incluyendo las renovables, destacando la generación distribuida, la electromovilidad, redes inteligentes y reservas de capacidad operativa”.

No obstante, esta nueva política, que ha generado críticas y más de 40 impugnaciones promovidas por empresas del sector, es considerada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), como una herramienta que violenta sus facultades en materia de competencia económica y ante ello promovió un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo admitido a trámite el recurso de Controversia Constitucional el 22 de junio por el Ministro Luis María Aguilar.

La Secretaría de Energía (Sener) publicó el nuevo acuerdo en materia energética el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Un mes y siete días después de la publicación, y en medio de críticas de las cúpulas empresariales nacionales y extranjeras, la Cofece anunció la impugnación porque la modificación de las normas del sector violentan su mandato constitucional e invaden la esfera de competencia.

La  Cofece considera que la Política emitida por la Sener es contraria al contenido de los artículos 16, 28 y 133 constitucionales, así como a las leyes aplicables en materia de electricidad, los cuales en conjunto establecen un régimen de competencia en la generación y suministro de electricidad. Asimismo, estima que el ordenamiento también violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia, de modo que afecta su mandato constitucional e invade su esfera de competencia.

“El instrumento publicado en el DOF afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia, así como en los términos dispuestos en el conjunto del marco normativo vigente del país para este sector”, expuso la Comisión.

La Cofece reconoció que incrementar la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional es un propósito legítimo y deseable. Sin embargo, cuando otros objetivos, como el de la competencia económica también son parte del mandato constitucional, es necesario identificar la mejor alternativa disponible a fin de hacer cumplir todos estos objetivos, lo que no acontece con la Política impugnada.

Ante dicha impugnación, el ministro Aguilar, determinó “Procede conceder la medida cautelar para el efecto de que se suspendan todos los efectos y las consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, publicado en el Diario Oficial el 15 de mayo de 2020, hasta en tanto se resuelva el fondo del presente asunto”.

A partir de la resolución del pasado lunes la Suprema Corte determinó que no se afectan la seguridad y economía nacionales, que ha sido el argumento de la Secretaria Rocío Nahle y del Presidente Andrés Manuel López Obrador para sostener la modificación del acuerdo energético.

Tampoco se afecta a las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano porque la suspensión sólo determina que se ejecuten las disposiciones previas a la modificación del SEN.

“La medida cautelar concilia, por un lado, la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y, por otro, el respeto a los principios básicos que rigen la vida política, social o económica del país”, resolvió la Corte.

La Sener puede impugnar el recurso de suspensión  en 30 días hábiles. Las declaraciones de la Sener al respecto de las impugnaciones frente al SEN han sido que “va a combatir” las resoluciones. En sus argumentos, la Sener precisó que la Constitución mexicana establece “como responsabilidad y atribución exclusiva de la Nación, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)”.

Por su parte, el Presidente López Obrador ha declarado que a las empresas que participaban del sector energético nacional “se les pasó la mano” por lo que su Gobierno va a defender el nuevo acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Luego de conocer el fallo de la SCJN, López Obrador aseguró que lo respetarán, sin embargo, alertó que alistan denuncias por fraude al sector eléctrico.

“Vamos a respetar lo que decidió la Corte y vamos a defender el interés público. No le hace que nos lleve tiempo, los cuatro años si así lo decide el pueblo, pero no vamos a ser cómplices de la corrupción, fue mucho el saqueo, una cosa exagerada” afirmó.

El Presidente alertó que alistan denuncias contra aquellos que cometieron fraude en el sector eléctrico, ya que, dijo, durante mucho tiempo se cometieron «fechorías» en el sector eléctrico, empezando porque se entregaron contratos a particulares cuando la Constitución no lo permitía.

Hasta ahora, al menos 40 suspensiones al nuevo acuerdo energético se han otorgado por dos jueces federales especializados en Competencia Económica, que han sido promovidos por empresas privadas a las que la SENER afecta.

Es pues, un tema más con el que la administración federal tendrá que lidiar y siendo que la suspensión ha sido decretada con carácter de indefinida, seguramente habremos de advertir un proceso largo, a menos que se llegue a un acuerdo en la mesa y se puedan conciliar posturas para quizá hacer emerger un nuevo convenio en el que haya coincidencias. Ya lo veremos. 

Opinió[email protected]

@salvadorcosio1 

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