Por: Betsy Karenina Rua Rodríguez
Contagio
Desde hace un par de semanas, hemos sido testigos de diversos movimientos sociales en su forma más elemental: la protesta. Todos ellos con un factor en común: el disturbio. Por un lado, en Centro y Sudamérica, un fantasma recorre el subcontinente. Y es que, el descontento social parece tener un efecto contagio, ya que se han generalizado los reclamos que a grosso modo, giran en torno a la percepción de la precarización de la calidad de vida de la población. Por su puesto, cada caso con sus características específicas.
Hace apenas un mes, a principios de septiembre, la nota fue en Argentina. Donde la devaluación del peso y la inflación que agravan día con día la crisis económica, llevaron a diversas organizaciones sociales y políticas a organizar plantones y manifestaciones en contra del gobierno derechista de Macri, a quien acusaron de no tomar las medidas necesarias para aminorar los efectos de dicha crisis y a reclamar la declaración de emergencia alimentaria en el país. Sin que lo supiéramos, esto fue el preludio de lo que se vendría el mes siguiente.
Ecuador fue noticia después, por la represión violenta por parte del gobierno contra los manifestantes que protestaban por el anuncio del recorte de subsidios a combustibles, como parte de un acuerdo por préstamos millonarios con el FMI. La reacción no era para menos, pues afectaba directamente el precio de la gasolina (aumento del 123%) y de otros productos, ocasionando enfrentamientos entre el movimiento indígena, que lidera las manifestaciones y el cuerpo policial en Quito. El costo político del giro a la derecha del gobierno de Lenin Moreno ha sido muy alto.
En Chile, el argumento que subyace a las quejas por el alza al transporte, es la enorme brecha de desigualdad que existe, pese al tan sonado milagro económico chileno. El gobierno respondió tardíamente a las prerrogativas populares, vio rebasadas sus capacidades y en un afán por mantener el control, desplegó al ejército dentro de su propio territorio bajo la orden de desactivar cualquier manifestación, no sin antes calificar a los manifestantes de delincuentes y declarándoles “la guerra”.
De una manera lamentablemente similar, en Colombia, las presuntas irregularidades en el manejo del presupuesto culminaron en el uso desmedido de la fuerza en contra de estudiantes universitarios que se manifestaron.
Pero si alguna lección nos han dejado los recientes días, es que estos acontecimientos que tienen grandes implicaciones respecto a la calidad de las democracias, no son exclusivos de América Latina. Del otro lado del mundo en Líbano, el gobierno anunció un impuesto al uso de plataformas de mensajería por internet, por ello los ciudadanos tomaron las calles para reclamar la dimisión del gobierno y denunciar la corrupción política en lo que los medios han denominado la “Revolución del Whatsapp”.
Y cómo pasar de largo a España, donde el conflicto separatista parece más vivo que nunca ya que grupos separatistas se movilizaron en contra de las sentencias que el Tribunal Supremo de España, dictó en contra de 9 lideres independentistas por su participación en el referéndum de independencia de la comunidad autónoma de Cataluña en 2017.
Todos los casos ponen en relieve las carencias y falencias de los procesos democráticos en pleno siglo XXI. Pero la trascendencia recae no solo en ese elemento, sino también en la exhibición de la calidad de los canales de retroalimentación entre gobierno y ciudadanía. Lo que escandaliza no es la inconformidad de la ciudadanía frente a las muy cuestionables decisiones de sus representantes, sino la respuesta que se obtiene. Por ahí dicen que los derechos no se piden, que se toman, pero a los gobiernos se les olvida que uno de los derechos fundamentales del ser humano es el de la protesta.
