La oposición venezolana debatirá este martes en el Parlamento -donde es mayoría- un decreto de estado de excepción con el que el presidente Nicolás Maduro se otorga amplísimos poderes para enfrentar la crisis económica y contener la ofensiva para sacarlo del poder.
En la antesala de la discusión, el líder opositor Henrique Capriles, llamó a desconocer el decreto de estado de excepción, si éste es rechazado por la Asamblea Nacional, e insistió en convocar una manifestación el miércoles para pedir que se acelere el revocatorio.
«Si la Asamblea Nacional rechaza este decreto muy probablemente nos tocará a nosotros los venezolanos, si se insiste en la vigencia de este decreto, de hacer caso omiso a este decreto», dijo Capriles en una entrevista radial poco antes de que comience la sesión parlamentaria.
«Llamamos a manifestar este miércoles», añadió. El oficialismo ya ha adelantado que prohibirá esa movilización.
La Asamblea tratará el decreto, como ordena la ley, aunque se da por descontado que lo rechazará, con lo cual la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la oposición acusa de ser un apéndice del gobierno.
El Legislativo ya había rechazado un decreto de emergencia económica dictado por Maduro en enero, pero el TSJ lo dejó en firme señalando que el control parlamentario no afecta la integridad de la medida.
El pasado viernes Maduro renovó por segunda ocasión dicho decreto y le añadió el estado de excepción por 60 días, con lo cual se arrogó amplias facultades para gobernar en materia política, económica, social y ambiental.
«Es una habilitación ilimitada a favor del presidente, cuyo poder se concentra e incrementa», dijo el constitucionalista José Ignacio Hernández.
Entre las justificaciones, el texto publicado el lunes indica que, tras asumir el control de la Asamblea en enero pasado, la oposición pretende el «desconocimiento de todos los poderes públicos» e impulsa la «interrupción del período» de Maduro, en alusión al referendo revocatorio que promueve en su contra.
También denuncia un vínculo entre opositores y grupos criminales «financiados desde el exterior» para generar «problemas de orden público» que «justifiquen una intervención de poderes extranjeros».
– Civiles a vigilar y controlar –
El lunes, el portavoz del gobierno de Barack Obama, Josh Earnest, manifestó la preocupación de Estados Unidos por las «terribles» condiciones de vida de los venezolanos, y pidió a Maduro escuchar a sus críticos so pena de profundizar la crisis.
Pero el mandatario socialista -que heredó la retórica antinorteamericana del fallecido Hugo Chávez (1999-2013)- considera que Washington está detrás de un complot opositor para desestabilizarlo mediante una «guerra económica» y sanciones contra varios funcionarios.
Aunque el decreto no precisa restricciones al derecho de protesta y reunión, habilita al gobierno a «ejecutar planes especiales de seguridad que garanticen el sostenimiento del orden público».
Además, ordena a la Fuerza Armada Bolivariana y demás órganos de seguridad «garantizar la correcta distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad», en grave escasez.
Esto, en coordinación con los recién creados Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP), grupos de ciudadanos que se encargarán de la entrega directa de alimentos subsidiados para evitar que terminen en manos de contrabandistas.
Maduro le atribuyó además a esos colectivos «funciones de vigilancia y organización», conjuntamente con la Fuerza Armada y la Policía, «para mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía».
