Desde el inicio de esta administración nos propusimos proteger y recuperar el patrimonio de los trabajadores del estado.
Esta misión incluye afrontar los problemas heredados por otras administraciones producto de decisiones que afectaron las finanzas del Instituto y por lo tanto, los fondos que garantizan un retiro digno para para los trabajadores.
Este es el caso de las Villas Panamericanas un caso ejemplar de malas prácticas con implicaciones negativas medio ambientales, sociales y económicas.
Son ocho años desde que este problema existe, ocho años en los que se han desperdiciado importantes recursos sin que nada pase: ni se recupera el dinero de los trabajadores ni se inician los procesos de protección al medio ambiente, lo que mantiene en la incertidumbre a los propios trabajadores, los verdaderos dueños de esos recursos.
Esta administración tiene el propósito de cerrar este penoso capítulo de la vida de la ciudad. Lo que se pretende son fundamentalmente dos cosas: recuperar el patrimonio de los trabajadores y garantizar la protección de la Zona del Bajío.
Durante meses, se han explorado diferentes alternativas entre las que estuvieron demoler las Villas Panamericanas, convertirlas en un espacio académico o destinarlas a un espacio habitacional, tal como fueron concebidas.
Hasta hoy, la opción más viable ha sido la de mantener su uso habitacional. Con este objeto fue que se acercaron varias empresas interesadas:
• Family Office González Ríos: lidereado por Lorenzo Gonzalez, con treinta años de experiencia en dirección de bancos y de fondos del sureste de Asia.
• Impulso Institucional: fundada en el año 2000 y con amplia experiencia en corporate finance, dirección de bancos nacionales y extranjero.
• Duvar Trading: fundada en 2009 y especialistas en proyectos de estructuración de capital y deuda, así como de intermediación financiera no bancaria en el sector primario y secundario en México.
Para poder hacer esta inversión, las empresas recurrieron, como normalmente se hace en proyectos de esta magnitud, a una figura jurídica llamada SAPI (Sociedad Anónima Promotora de Inversión) que consiste en la creación de un vehículo financiero, que en este caso es Green Life Capital, que es únicamente un vehículo financiero con el objetivo específico de comercializar las Villas Panamericanas.
Un siguiente paso fue la generación de un Convenio Marco que establece las condiciones para una solución integral del problema. En este convenio se especifica que para ejecutar dicha solución debe primero:
• Resolverse las controversias jurídicas.
• Validarse permisos, licencias, certificados de habitabilidad y otros trámites municipales.
• Contar con aprobación de concesiones, renovaciones y/o conexiones para servicios de energía eléctrica ante la CFE.
• Garantizar la reparación, equipamiento y señalización de vialidades de ingreso y acceso a la villa Panamericana.
Es muy importante decir que nada de lo anterior sucederá sin tres condiciones fundamentales para que este proceso avance y que fueron establecidas por el propio gobernador del estado:
• Un Decreto de Protección y Recuperación de la Zona del Bajío.
• Un Plan de Acciones de Mitigación Ambiental.
• La definición de los procesos de recarga, conducción y almacenamiento de los cuerpos de agua.
En síntesis: el IPEJAL busca recuperar el patrimonio de los trabajadores a través de una solución integral que garantice la protección medioambiental de la zona del Bajío. Por lo tanto, esta solución está supeditada a la existencia previa de un decreto de protección y recuperación de la zona del bajío, un plan de acciones de mitigación ambiental y la definición de los procesos de recarga, conducción y almacenamiento de los cuerpos de agua de la zona.
