El presidente Joe Biden anunció una nueva política para la frontera con México, que restringirá el número de peticiones e ingresos a Estados Unidos, en medio de la crisis migratoria que atraviesa el país desde hace años.
A pesar de las objeciones que recibió de grupos defensores de estas minorías e, incluso, de senadores demócratas, funcionarios de la administración respaldaron el anuncio y sostuvieron que se trata de medidas para fortalecer la seguridad, que se suman a las políticas implementadas desde hace meses.
La norma establece que las autoridades estadounidenses podrán deportar a quienes no superen unos estrictos estándares que los oficiales implementarán cuando la cifra de solicitantes de asilo por día supere los dos mil 500, durante un período de siete días. Estará vigente desde hoy y se relajará una vez que el número disminuya hasta los mil 500 en una ventana de 14 días en promedio.
Esta última cifra, responde a la capacidad que tienen las autoridades implicadas en el proceso para hacer cumplir correctamente los criterios de evaluación y de aplicación de la ley.
Las excepciones se reservarán para casos realmente de esta naturaleza -niños no acompañados, víctimas del tráfico, situaciones humanitarias, emergencias médicas, amenazas de vida- y los procesados para deportación acelerada solo serán remitidos para una reevaluación por peligro si éstos lo manifiestan.
La medida no alcanza a quienes soliciten un turno por medio del sistema CBP1 o quienes cuenten con un permiso de permanencia temporal humanitario.
“El Presidente está comprometido en seguir tomando acciones, ya sea mediante el Congreso o sus autoridades, para garantizar que la frontera se mantenga segura y arreglemos nuestro sistema migratorio”, explicó Emily Mendrala, asistente adjunta del Presidente.
Por su parte, Blas Nuñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, sumó que para garantizar la puesta en marcha urgente de la medida se ordenaron “despliegues récord” de personal, infraestructura y tecnología a las fronteras, junto con una “expansión histórica” de canales legales para fomentar que las personas opten por una opción migratoria segura y ordenada.
Asimismo, se otorgó a la Justicia mayores atribuciones para poder atender los casos con rapidez y poder realizar las deportaciones en cuestión de horas.
Estados Unidos registró un fuerte aumento en las solicitudes de asilo en la frontera con México desde 2020 y está en uno de sus puntos más altos; sólo en el último año se ha expulsado a más de 750 mil personas, más que en cualquier otro momento desde 2010.
Si bien se ha estado trabajando en estos años por contener el problema internamente, Eric Jacobstein, subsecretario de Estado Adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, destacó que es fundamental que estas acciones sean acompañadas por los países de la región, ya que se trata de un problema colectivo. En ese sentido destacó dos casos -el de México y el de Nicaragua- así como el accionar del secretario de Estado, Antony Blinken.
Jacobstein alertó de las maniobras del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes junto a aerolíneas chárter, oficia de nexo en las rutas entre los respectivos países y la frontera sur en México, para fomentar la llegada de los migrantes irregulares y, a su vez, sacar un beneficio económico.
“Tenemos mucha preocupación por el ambiente permisivo que Nicaragua crea. Vamos a seguir con medidas tanto contra el régimen como contra las aerolíneas chárter que forman parte de estas redes”, dijo al comentar que ya se han emitido restricciones de visado a los ejecutivos de estas empresas.
En tanto, agradeció el trabajo conjunto realizado con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien “ha sido un socio muy importante” y ha tomado medidas importantes para controlar los flujos y, a su vez, impulsar el desarrollo de la región y proveer vías legales para que muchos de estos migrantes tengan opciones dentro de este país.
Con información de Infobae.
