Por: Héctor Romero González
Apenas el pasado cuatro de noviembre se cumplieron cinco años de la primera sentencia en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió sobre la inconstitucionalidad que representa la prohibición absoluta del consumo de marihuana, ordenándose a COFEPRIS, como consecuencia, que otorgara los permisos correspondientes que permitieran el consumo para fines lúdicos.
En la resolución, los ministros utilizaron una metodología que se denomina test de proporcionalidad, con la cual confrontan si la política prohibicionista persigue un fin constitucionalmente válido como procurar la salud pública y si esta colisiona con los derechos al libre desarrollo de la personalidad y, en su caso, en qué grado lo hace.
Con base en evidencia científica, la Corte concluye que si bien la marihuana genera daños a la salud, estas son poco nocivas, equiparables al tabaco o el alcohol, así como desestiman argumentos que tradicionalmente se han esgrimido para estigmatizar su uso, como el hecho de que constituye una “puerta” hacia drogas duras o es una causa de otros delitos, ya que a pesar de existir una correlación, ello obedece al contexto que surge de la propia política prohibicionista.
Después de otros cuatro amparos se integró jurisprudencia, lo que se traduce en la obligatoriedad del fallo, declarándose, además, la inconstitucionalidad general de diversas normas que establecían la prohibición mediante el proceso tramitado bajo el expediente 1/2018, obligando la Corte al Congreso de la Unión a legislar sobre la materia, fijando como límite el 15 de diciembre de este año.
Con motivo del ultimátum de la Corte, el pasado 18 de noviembre el Senado dio un paso más para la transición hacia la descriminalización, aprobando un dictamen mediante el cual se analizan diecisiete iniciativas de distintos grupos parlamentarios, destacando la presentada por la ahora Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el Senador Ricardo Monreal.
En el dictamen se autoriza la producción, comercialización y consumo de productos relacionados con la marihuana para “uso adulto”, exclusivamente en mayores de edad, creándose el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis como instancia responsable de expedir los lineamientos y autorizaciones para estas actividades.
Una restricción que llama la atención es que no podrán otorgarse licencias para cultivar y comercializar a la misma persona y, en el caso de esta última, únicamente podrá otorgarse para tres puntos de venta.
Para el autoconsumo se permiten cuatro plantas por vivienda, sin embargo, en caso de existir más de un consumidor, la cantidad podrá incrementar a seis plantas.
No pasa desapercibido que el dictamen contempla un esquema de transición y medidas de justicia social al establecer que durante los primeros cinco años de vigencia, al menos el 40% de las licencias de cultivo deben otorgarse “preferentemente” a pueblos y comunidades indígenas, campesinos, ejidatarios o comunidades en situación de marginación que se hayan visto afectadas durante la prohibición. Sin embargo, probablemente este esquema no será suficiente para evitar que grandes corporaciones acaparen el negocio, como ha ocurrido en Canadá o, en su caso, sean los actuales cárteles quienes simplemente transiten hacia la formalidad, sin asegurar mecanismos que eviten la continuidad de la precariedad laboral de los sectores marginados.
También destaca la reforma al Código Penal que permitirá la posesión de hasta 28 gramos de marihuana para consumo personal (actualmente son 5 gramos). En caso de superarse esta cantidad y no contar con las autorizaciones, se impondrá una multa de hasta 11 mil pesos, salvo que la cantidad supere los 200 gramos, en cuyo caso será sancionable con una pena privativa de la libertad.
Uno de los grandes aspectos que quedan en el tintero es el tratamiento tributario, que representa una gran área de oportunidad, no solo para incrementar los ingresos de la hacienda pública, sino también para el resarcimiento de las afectaciones sociales provocadas por la prohibición.
Ahora le toca a los diputados resolver sobre el dictamen, en un plazo que no podrá exceder del 15 de diciembre.
