Reconocer, promover y respetar los derechos humanos de las personas migrantes de origen, tránsito y destino, sin discriminación alguna; lograr un trato digno y justo para ellos; y establecer sus derechos y obligaciones; así como políticas públicas y programas que favorezcan a este grupo social, es la finalidad del proyecto de dictamen que propone diversas reformas en materia de migración; y que aprobó el día de hoy, la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos que encabeza la diputada María del Rocío Corona Nakamura.
Para lograr lo anterior, se crea la Ley de Hospitalidad para Migrantes en el Estado de Jalisco y sus Municipios, y la Ley de Protección y Atención de los Migrantes en el Estado de Jalisco, presentada por los diputados José Pedro Kumamoto Aguilar y Juana Ceballos Guzmán, respectivamente.
“Se pretende lograr un trato digno y justo que respete los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito en su paso por Jalisco a través de la ayuda humanitaria integral”, explicó la legisladora Corona Nakamura al señalar que más de ocho mil migrantes cruzan la Zona Metropolitana de Guadalajara cada año por la ‘ruta de occidente’.
Informó que la finalidad es “dar la mano al que menos tiene, al vulnerable y que además requiere de nuestro apoyo”. Añadió que Jalisco se destaca por ser la tercera entidad federativa en enviar a connacionales al extranjero; además, de ocupar el tercer lugar en recepción de remesas, recibiendo de ingresos mil 959.7 millones de dólares.
Atender a la migración desde todas sus condiciones, siendo migrantes de tránsito, en retorno o de origen; generar condiciones para la reinserción social, laboral, educativa y cultural; procurar la inserción escolar de menores, jóvenes y adultos migrantes en retorno en la educación básica y media superior; prevenir e impedir la explotación laboral; facilitar el acceso a los servicios mediante la creación de políticas públicas, son algunos de los objetivos que plantean estas leyes.
Los migrantes tendrán derecho ser respetados, a acceder a los programas y servicios del gobierno estatal y del municipal; así como a los trámites registrales. Por su parte, los ámbitos gubernamentales combatirán la discriminación. Corona Nakamura resaltó que ahora se establecen también, obligaciones para los migrantes, como: mostrar documentación que acredite su identidad, y proporcionar información y datos personales.
Para garantizar la integridad y seguridad de las mujeres víctimas de violencia, la autoridad competente dictará las órdenes de protección previstas en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco, así lo planteó la diputada Liliana Guadalupe Morones Vargas; y añadió en su propuesta que, será sin menoscabo de las que disponga la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia; así como las medidas de protección establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Las órdenes de protección, atendiendo a la naturaleza de cada una de ellas, se otorgarán de oficio o a petición de la víctima o de los responsables de la atención integral de los refugios temporales. Corresponderá a la autoridad competente otorgar las órdenes señaladas en la presente ley, y deberán tomar en consideración para determinar la duración de las mismas. La imposición de las medidas de protección y de las providencias precautorias tendrá una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días.
Además avalaron el dictamen que reforma el artículo Tercero Transitorio del Decreto número 25538/LX/2015, presentado por el Gobernador del Estado, el 26 de junio del 2015; con la finalidad de implementar la Credencial Única Agroalimentaria, las personas físicas o jurídicas dedicadas a las actividades reguladas en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y demás leyes aplicables, tendrán un plazo hasta el 31 de diciembre del año 2016 para quedar debidamente inscritas en el registro y obtener esta identificación que les facilitará realizar sus trámites de apoyos agropecuarios.
También se aprobó adicionar diversas disposiciones a la Ley de Hacienda, Ley de Hacienda Municipal y Ley del Notariado, todos ordenamientos del Estrado de Jalisco; para que los notarios públicos, o quienes hagan sus veces, como las instituciones fiduciarias y los servidores públicos; deberán retener y enterar el impuesto causado en los términos de estas reglamentaciones, por lo actos o contratos en que intervengan, grabados por este impuesto; siendo los únicos responsables ante la hacienda pública de las cantidades o pagos que reciban por concepto del citado impuesto.
La propuesta del diputado Hugo Rodríguez Díaz, que solicita enviar al H. Congreso de la Unión petición para que valoren realizar una reforma al artículo 105 fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de que los órganos constitucionales autónomos también estén legitimados para promover controversia constitucional, no nada más en contra de los actos y las disposiciones emitidas por el Ejecutivo de la Unión y el Congreso de la Unión, sino también de los respectivos Poderes Ejecutivo y Legislativo de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México.
