La justicia federal rechazó intervenir en el proceso de desafuero contra la diputada local de Sinaloa Lucero Guadalupe Sánchez, acusada de usar documentos falsos para visitar en prisión al narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán.
Germán Cruz Silva, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, desechó hoy por notoria improcedencia una demanda de amparo con la que Sánchez pretendía impugnar actos de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que tramita su desafuero.
«Se reclaman acuerdos dictados por la responsable (Sección Instructora), que llevan relación con el ofrecimiento y desahogo de pruebas en el juicio de procedencia», indican los registros del Consejo de la Judicatura Federal.
El juez Cruz no publicó su resolución, pero el artículo 61 de la Ley de Amparo es categórico al señalar que este recurso no procede tratándose del trámite de un desafuero.
«El amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político», dice la ley.
Sánchez puede impugnar el desechamiento mediante recurso de queja, que revisaría un tribunal colegiado de circuito, o la Suprema Corte de Justicia si ésta decidiera intervenir de manera extraordinaria.
La diputada panista presentó en marzo pasado su declaración por escrito y pruebas ante la Sección Instructora, cuya función consiste en preparar un dictamen que se debe someter al Pleno de la Cámara, para lo cual sería necesario un periodo extraordinario de sesiones.
De ser aprobado, el desafuero o declaración de procedencia contra Sánchez sería turnado al Congreso de Sinaloa, por ser diputada local, y éste determinaría si la PGR puede ejercer acción penal y solicitar la aprehensión de la diputada por el delito no grave de uso de una credencial falsa del INE.
