Desazolve #POEMAyFE

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Por: Salvador Cosío Gaona

Difícil que el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong logre convencer a la sociedad para que le tenga confianza y fe a la Procuraduría General de la República (PGR) en relación a los procesos penales contra el ExGobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, ya que son muy claras y con bastante publicidad las graves omisiones y errores de los funcionarios ministeriales encargados de gestionar la consignación y que al parecer son para provocarle beneficio al indiciado.

Miguel Ángel Osorio Chong, pidió a la sociedad tener fe en la PGR en cuanto a que asegura dará seguimiento adecuado al caso en contra del ex mandatario veracruzano Javier Duarte, pero la sociedad no puede tener fe tras que el propio Juez que atiende la causa penal estuvo advirtiendo que existen anomalías y carencias en documentos e informes a cargo de la PGR y por ello quizá pueda ser beneficiado el acusado.

La sociedad mexicana exige atingencia a la PGR y que además de extremar las medidas adecuadas para garantizar la sanción ejemplar que un personaje como Javier Duarte merece sin que además queden impunes sus cómplices, entre ellos su esposa Karime Macias de quien se afirma es artífice de la construcción del entramado delictivo.

Pero aunque parecía que por el cúmulo de errores e imprecisiones de los funcionarios de la PGR se estaba generando un resquicio legal para beneficiar al ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, finalmente irá a juicio y está siendo ello festinado por las autoridades de la PGR como si fuere un inmenso logro, lo cual provoca malestar social ya que es como si el tal Saúl “El Canelo” Álvarez hubiese realizado una magna celebración porque ganó sin poder noquear a ese bulto que le pusieron enfrente en su última pelea y que se llama Julio César Chávez, el muy menor hijo del ex campeón mundial del mismo nombre. Festejar algo a lo que estaban más que obligados a conseguir fácilmente, suena a muy burda burla. Lo claro es que parecía por la forma inatingente de conducirse ante el Juez, que la PGR no tenía el interés en conseguir se sometiere a proceso al ex gobernador.

Lo cierto es que el pasado día sábado 22 de julio del año en curso un Juez ha confirmado que existen pruebas suficientes para procesar por corrupción al veracruzano que siendo Gobernador de Veracruz fuera motivo de presunción en cuanto a ser una de las figuras ejemplificantes de la nueva época renovadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras el arribo a la Presidencia de la República del actual Mandatario Enrique Peña Nieto.

Duarte se ha convertido en el gran villano de México. Alzado en su día como uno de los estandartes del PRI, pues hace apenas cinco años, el veracruzano era ejemplo de la nueva generación de un partido que había gobernado el país sin interrupción durante 71 años. El propio presidente, Enrique Peña Nieto, lo nombró en más de una ocasión, queriendo así romper con el pasado, elevando las bondades del PRI a las virtudes de una nueva camada de gobernadores y diputados.

Resulta ejemplar que ahora, cinco años después, Javier Duarte simboliza de nuevo al PRI, otra vez arrugado, a ese PRI del mismo Enrique Peña Nieto, desplomado en los índices de popularidad, denostado por amplios sectores del país, criticado por plegarse ante ese patán y palurdo mercader neoyorquino sicofante de la política llamado Donald Trump, por la inflación, por el aumento de la inseguridad y la violencia, por el decaimiento de la economía popular y el incremento de los costos de servicios y bienes. Al PRI del ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge Angulo, preso en Panamá, acusado en México de lavar dinero; al PRI del ex gobernador de Chihuahua César Horacio Duarte Jackez, prófugo de la justicia también por expoliar erario, de ahí que más que un juicio contra Javier Duarte de Ochoa parece un juicio contra el nuevo PRI.

El ex gobernador de Veracruz se enfrentó a una segunda audiencia, donde la PGR ha expuesto las pruebas que apuntaban directamente a los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Concretamente, el Ministerio Público lo acusa de desviar mil 670 millones de pesos de las arcas públicas, esto es, casi 95 millones de dólares. La PGR ha desglosado 82 posibles pruebas frente al juez Gerardo Moreno sobre la acusación por el desvío de recursos públicos por medio de empresas fantasma y testaferros. El juez ha determinado que Duarte permanezca en el Reclusorio Norte y ha ampliado hasta 6 meses más el período que tiene la PGR para investigar. Recordemos que Duarte de Ochoa llegó el pasado día 17 de julio del año en curso extraditado desde Guatemala, donde fue capturado y estuvo tres meses detenido, esperando su traslado. La primera audiencia por el caso se realizó el lunes y destacó notablemente por la falta de coherencia en los argumentos de la Fiscalía. “Los números no cuadran”, les llegó a decir en un momento el juez a los funcionarios de la PGR encargados de la acusación.

El juez aceptó finalmente las pruebas de la PGR y decidió procesarlo por dos delitos: delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. O, dicho de otra forma, por robar. Por robar, hacer robar y tratar de disimular.

Los investigadores acusan al ex gobernador de Veracruz de sacar 80 millones de dólares de las arcas del estado. De crear una red de testaferros, compinches y empresas falsas. De usarla para que el robo pareciera legal. De ser el líder, el capo. Según explicó el Ministerio Público, Duarte dedicó todo su mandato a saquear las cuentas del estado que gobernó de 2011 a 2016.

Pero, no debemos olvidar que los señalamientos contra Javier Duarte de Ochoa eran por un desfalco de hasta casi 33 mil millones de pesos, en tanto ahora a lo más que se dice puede ser vinculado es al desfalco de poco más de mil 600 millones de pesos, de ahí que el asunto tenga demasiadas aristas y por ello genere demasiada polémica.

¿Y los delitos sobre el enorme monto de dinero que desapareció valorado en más de 33 mil millones de pesos, se hicieron ojo de hormiga?

El pasado sábado 22 de julio del año en curso Javier Duarte fue vinculado formalmente a proceso para enfrentar los cargos que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR), en la audiencia inicial del pasado lunes 17 de julio del presente año, los funcionarios del ministerio público dependientes de la PGR dejaron serias dudas sobre su preparación, más al parecer se solventaron lo suficiente como para que Duarte de Ochoa quedase sometido a proceso y este lo desahogue en prisión.

Se dice que la PGR rectificó su inicial esquema plagado de información laxa y discordante, habiendo presentado en la segunda audiencia ya 82 pruebas contra Javier Duarte, siendo las más importantes los testimonios de tres de sus antiguos colaboradores, que son: Alfonso Ortega, abogado y uno de los arquitectos de la trama de empresas falsas de quien se dice está colaborando con la PGR a cambio de inmunidad; Arturo Bermúdez, exJefe de la policía estatal de Veracruz quién está actualmente en prisión y de Juan José Janeiro, abogado señalado como otro de los arquitectos del entramado, y en base a esas pruebas parece ser que la PGR pudo explicar al Juez cómo es que la red delictiva de Duarte habría sacado dinero de las arcas del estado inyectándolo al sistema financiero, comprando y vendiendo propiedades, aparentando así su legalidad, siendo que diferentes dependencias del Gobierno estatal licitaron contratos con empresas fantasma, contratos que eran en realidad una farsa y el dinero de esos contratos fue a parar a otras empresas y finalmente a manos de sus testaferros que haciéndose pasar por campesinos, compraron miles de metros cuadrados de terreno en la costa de Campeche, en el Golfo de México, a menos de un peso el metro cuadrado, a fin que otras empresas de la trama adquirieran más tarde esos terrenos, a más de 250 pesos el metro cuadrado, tratando de limpiar el rastro del robo inicial. El dinero robado sirvió para comprar un yate de 800 mil dólares, joyas por valor de 225 mil dólares, departamentos en la costa del Atlántico, tiempos compartidos en un hotel de lujo en Nueva York y en la Ciudad de México.

Parece muy lejano el día en que Duarte expresó una especie de poema mofándose de la situación al salir de una audiencia en Guatemala, donde le habían capturado meses antes y sin embargo sólo han transcurrido dos semanas, ex gobernador recitó en esa ocasión: “Paciencia, prudencia, verbal contingencia, presencia o ausencia según conveniencia”. Hay que advertir que según los medios de comunicación esa cantaleta del ex gobernador le servía para recordar a su esposa Karime Macías, quién años antes había escrito casi lo mismo en una columna, su “receta milagrosa” para vivir en virtud y abundancia, esa abundancia que según ella merecía y merece. Los medios se burlaron de Duarte, quien se había equivocado al decir contingencia en vez de continencia. Y lo que era quizá una burla de Duarte al sentirse en ese momento ufano de que solo estaría recluido brevemente por los compromisos políticos con él adquiridos y que serían su salvoconducto, terminó en duda sobre la doble burla ya que ese mismo día se supo que Karime Macías había iniciado los trámites de divorcio, no sabiéndose si para seguir abonando a la complicación de acciones legales en su contra o ya por las circunstancias inherentes a la ruptura real del vínculo afectivo con Duarte sin menoscabo del disfrute de la ilegítima fortuna amasada al amparo del poder que tuvo para delinquir el ahora ex gobernador. Hoy se sabe que hay otras féminas que además de Karime Macías disfrutaron lujos y riquezas enormes a costa de las tropelías de Duarte, quien espera ahora en el reclusorio norte de la Ciudad de México a que suceda su proceso penal, ya que el juez de la causa ha decidido que ahí está bien ubicado y resguardado preso y se ha negado a trasladarlo a otro Penal.

La PGR cuenta con seis meses para concluir su investigación. Si los abogados de Duarte no recurren la decisión, el tiempo corre. La justicia mexicana tiene un año para dictar sentencia.

En el hipotético caso que hubiese la voluntad política a efecto de propiciar el más adecuado proceso legal que tuviere por objeto deslindar y generar sentencia justa contra el ex gobernador de Veracruz y se le condenara acorde a los presuntos crímenes cometidos aplicando todo el peso de la Ley, debería de ser sentenciado a prisión de entre 31 y 89 años.

@salvadorcosio1
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