Por: Salvador Cosío Gaona
Un perro mojado con agua puerca y molido a palos arrinconado, como un boxeador casi abatido tirando golpes al aire como palos de ciego y gritando : ‘¡al Ladrón, al Ladrón!’, llamando corruptos a todos, exigiendo al que esté libre de culpa que tire la primera piedra y obteniendo como agria respuesta popular un alud de piedras y el clamor por su renuncia.
Así está el Presidente de México Enrique Peña Nieto y es tan ciego que solo él no puede verlo, está como dijo The Economist: ‘Peña no entiende que no entiende’ y como en un pantano continúa moviéndose a la inversa y hundiéndose cada día más en el fango del descrédito y el rechazo social mayoritario. Quizá cómo se dice en un popular anuncio comercial estelarizado por Silvester Stallone: ‘le falta ver más box’ ya que al atacar burdamente a los que con justificación criticamos, abre su guardia y recibe golpes y auto golpes a destajo.
Cuando en 2012 hacía campaña para alcanzar la Presidencia de La Republica, Enrique Peña Nieto recorría México presumiendo haber empujado a su partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), a convertirse en un instituto político renovado, donde no cabía la inmoralidad ni la deshonestidad y Peña en esa época utilizaba con ahínco un discurso anticorrupción criticando fuertemente lo que decía fue una enorme cantidad de actos ilícitos perpetrados y tolerados por el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, e iba más allá al presumir que ofertaba una nueva forma de ejercer el poder gubernamental mediante un adecuado relevo generacional y con ello una hornada de mujeres y hombres capacitados y altamente sensibilizados de las necesidades de la sociedad, pero sobre todo, presumía que los nuevos gobernantes emanados del PRI , eran realmente personajes embebidos de un pensamiento progresista y formados para actuar con eficacia y alto sentido de la honestidad y el compromiso del cumplimiento cabal de las normas jurídicas y morales.
Peña se jactaba que con su arribo a la Presidencia de la República quedaba enterrado ‘el viejo PRI’ y que con él presidiendo México «estaría llegando al gobierno un PRI muy distinto al que había sido desalojado del poder 12 años antes» , y ante el escepticismo sobre la profundidad del cambio que ofertaba como principal aliciente a fin que los votantes le dieran esa oportunidad de mostrar que en efecto habría ese cambio, Peña insistía : “Es imposible que vuelva ‘el viejo PRI’ porque ese PRI ya no existe” y como ejemplo de su oferta se jactaba de la calidad de un grupo de gobernadores militantes del PRI que habían llegado al poder unos meses antes impulsados por el propio Peña Nieto y decía : “El Gobernador de Quinta Roo, Roberto Borge, el de Veracruz, Javier Duarte o el de Chihuahua, César Duarte, son actores de una nueva generación que forma parte de la renovación moral y ética de mi partido (el PRI)”, pero 4 años después esos mandatarios citados por Peña Nieto como ejemplo de ética, honestidad y eficiencia, son ejemplo de ineficacia, corrupción, deshonestidad e impunidad.
En Veracruz, Javier Duarte de Ochoa dejó el cargo el 12 de octubre y se enfrenta a 53 denuncias distintas que van desde enriquecimiento ilícito a lavado de dinero, la Interpol lo busca en 190 países, en Quintana Roo, Roberto Borge Angulo está acusado de enriquecimiento ilegítimo, desfalco al erario de su entidad y varios probables delitos más, y en Chihuahua, César Horacio Duarte Jackez ha desaparecido de la escena pública después de conocerse las denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito y desviación de los recursos públicos. Antes de dejar el cargo, en una desesperada maniobra de última hora, esos polémicos gobernadores intentaron blindarse y promovieron reformas legales en el ámbito local que les habrían permitido protegerse de investigaciones, como el nombramiento de personajes muy cercanos a ellos en calidad de responsables de la labor de auditoría, investigación y sanción en cuanto al gasto público y el desempeño de la función gubernamental, con términos y reglas para que no pudieran ser removidos y además buscando evitar ser sometidos a procedimientos que les pudieran generar acción penal en razón de sus actuaciones como mandatarios, pero la Procuraduría General de la República (PGR) impugnó dichos decretos y fueron anulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los asuntos de corrupción e impunidad en la función pública han sido motivo de escándalo afectando severamente a Peña Nieto, tanto en relación a temas que le atañen en forma directa como en cuanto a eventos relacionados con políticos de su partido, entre ellos varios de sus colaboradores como el ahora ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) Luis Videgaray Caso y actores destacados como el Coordinador de los Senadores del PRI Emilio Gamboa Patrón y el propio ‘Gerente en turno’ de la dirigencia nacional del PRI Enrique Ochoa Reza y varios más, así como por la falta de acción para procurar sanción a un numeroso grupo de exGobernadores, empresarios, dirigentes sindicales y religiosos y profesionistas involucrados en asuntos turbios y tachados de ilicitud, siendo un tema que incentiva la percepción negativa hacia el Presidente, el que tras varios meses de promulgado el nuevo sistema nacional anticorrupción y anti impunidad, no se ha propuesto al Senado de la República para su ratificación, al sucesor del defenestrado Virgilio Andrade Martínez, quien sin el perfil para el cargo fue nombrado algunos meses antes titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) tras haberle sido ordenado renunciar a la SFP justo cuando Peña Nieto firmó el decreto legislativo que aprueba las normas anticorrupción y anti impunidad y promulgó las nuevas leyes del sistema nacional anticorrupción, que nació muerto.
Peña Nieto está en su nivel más bajo de aceptación a sus tareas, pues según los índices de aceptación, a Peña Nieto solo le respetan y confían en él apenas 16 por ciento de la población.
Peña Nieto está a punto del colapso y llevándose con él a su partido, cuyos miembros más destacados no han querido liberarse del yugo que los conduce al barranco o despeñadero y se dirigen todos a la derrota anunciada. Severamente erosionado y mucho muy desacreditado por los escándalos propios y de personajes ligados a él y a su partido el PRI, el Presidente está sumamente disminuido, con un porcentaje de población menor al 17 por ciento que le respeta o aprueba ,de ahí que está ahora como un perro rabioso apaleado y pertrechado en un zaguán o cual un boxeador ciego que tira golpes arrinconado en la esquina del cuadrilátero.
Peña no tiene capacidad para establecer una lucha frontal y seria contra la corrupción y la impunidad, porque además de su circunstancia coyuntural al estar manchado por un cúmulo de escándalos que lo desautorizan, en su circunstancia general de origen está como él señala groseramente de todos los mexicanos, impregnado de corrupción porque proviene de esa su cultura, ya que proviene del imperio del autoritarismo priísta en el Estado de México, donde fue Gobernador, entidad en la que abusar del patrimonio público para fines personales es aceptado como parte de la cultura.
La fuga de Javier Duarte genera enorme y bochornoso ridículo para él y su gobierno. Aunque tiene licencia y se dijo por él al solicitarla que no volvería a cumplir con su responsabilidad, lo cierto es que El Gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa aún es el Mandatario y simplemente tiene una licencia o permiso para no estar cumpliendo su función y al ser aún Gobernante está investido de la protección que le da el fuero constitucional y no puede ser detenido, aunque sea el caso que se hubiera librado por un Juez una orden de aprehensión en su contra, ya que no obsta que se le haya otorgado una licencia para la separación del cargo para ser considerado por La Constitución de la entidad y las leyes reglamentarias como Gobernador constitucional de Veracruz.
Aún si tras que la Procuraduría General de la República hubiere realizado el trámite que señala el nuevo sistema penal acusatorio y tras haber sometido ante autoridades judiciales la carpeta de investigación con alegatos argumentados, aduciendo la existencia de circunstancias que conlleven la necesidad de «medidas emergentes» para que debiere obsequiarse la orden de captura del sujeto indiciado y aún cuando el Juez hubiera emitido la citada orden de aprehensión, esta no puede ser ejecutada en tanto el Mandatario pierda la inmunidad para ser detenido, sea que concluya el período de su mandato constitucional como Gobernador o mediante la incoación y desahogo previo del juicio de procedencia o comúnmente llamado ‘desafuero’. Así las cosas, para que se pudiera operar legalmente la detención de Duarte de Ochoa, sería necesario solicitar el mencionado Juicio de Procedencia ante el Congreso de la Unión, en un trámite que debe desahogarse en un lapso de aproximadamente 60 días, de ahí que sería incluso más conveniente esperar a la conclusión del sexenio de Duarte, que ocurrirá el primer minuto del próximo día primero de diciembre, para lo que queda un lapso de 35 días, y así automáticamente Duarte de Ochoa ya no esté investido del fuero inherente a su cargo como Gobernador Constitucional de Veracruz.
Es interesante advertir la supina ignorancia de algunos abogados, especialmente de quienes deberían tener la mayor y mejor preparación técnica en razón de la alta responsabilidad que desempeñan y lo delicado de su encargo, como es el caso del Presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, el Diputado Federal Ricardo Ramírez Nieto, integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para quien Duarte de Ochoa es ‘el exGobernador de Veracruz’ y según ésa hipótesis absurda, ya no cuenta con fuero constitucional porque, dijo: «al solicitar la licencia a su cargo, este derecho pasó de forma automática al mandatario interino, Flavino Ríos Alvarado, el fuero sigue al cargo, el exgobernador de Veracruz protestó el cargo ante el Congreso local, pidió su licencia, entró el sustituto, asumió el cargo de gobernador y en ese momento se le dotó del fuero constitucional; el saliente obviamente ya no lo tiene porque no puede haber dos fueros para un mismo cargo, por lo que al perder el fuero, la Procuraduría General de la República (PGR) puede cumplimentar la orden de aprehensión en contra del exgobernador veracruzano».
Pero es falso lo que asevera Ramirez Nieto y es acorde a la ley lo que al respecto afirma el Presidente de la Cámara de Diputados, el panista Edmundo Javier Bolaños, quién dijo: ‘es necesario insistir que la licencia concedida al funcionario para separarse de su puesto no implica privación de su fuero. No se puede renunciar a ese derecho, porque el beneficio de la ley no está establecido únicamente en favor del particular”, y abundó: «el fuero es una prerrogativa conferida a representantes populares y determinados funcionarios para proteger la independencia y autonomía de los Poderes del Estado y salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento.
Es decir, quienes lo disfrutan tienen la facultad de no comparecer, ser detenidos, sin previa declaración de procedencia del propio cuerpo o cámara a la que pertenecen.
Sin embargo, dijo, esto no implica revestirlos de impunidad, sino que condiciona la intervención de otras jurisdicciones a la satisfacción de requisitos que sólo pueden ser calificados por la cámara relativa, sea de Diputados o Senadores, y mientras no exista el consentimiento de la asamblea, ninguno de sus miembros puede ser enjuiciado por otra autoridad. La licencia para separarse de su puesto no implica privación de su fuero.»
Como se ha informado, la PGR integró y consignó una averiguación criminal contra Javier Duarte de Ochoa por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada y un juez ya giró una orden de aprehensión desde el 17 de octubre pasado y dicha orden de aprehensión, girada también en contra de varios exfuncionarios veracruzanos, es resultado de una denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Las circunstancias de tiempo en que se generó la acción penal ,tardía y sin cuidado, dejan sentir que fue operada para facilitar la huida de Javier Duarte, a quien no se le debió haber otorgado licencia y además, debió incoársele desde hace tiempo el juicio de procedencia. Es evidente el interés del PRI y del Gobierno de Enrique Peña Nieto en evitar que se capture a Duarte de Ochoa y así evitar hable demasiadas cosas delicadas.
Ojalá nos equivoquemos y pronto sea capturado. Que así sea, por el bien de México.
@salvadorcosio1
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