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DESAZOLVE #FALLASyDUARTE

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Por: Salvador Cosío Gaona

Poco después de las doce horas del lunes 17 de julio de 2017, el exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa llegó a la Ciudad de México procedente de la ciudad de Guatemala, el avión que lo transportó aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y se alojó en el Hangar de la Procuraduría General de la República (PGR).

Duarte de Ochoa fue sujeto a extradición desde la República de Guatemala y espera ser juzgado en México por varios delitos federales y estatales relacionados con delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición y es uno de varios ex gobernadores priistas señalados en los últimos años por desvío de recursos públicos, lavado e incluso narcotráfico, ya que en Italia se encuentra detenido Tomás Yárrington Ruvalcaba ex mandatario de Tamaulipas quien probablemente sea extraditado directo a Los Estados Unidos de América; en Panamá está el ExGobernador de Quintana Roo Roberto Borge Angulo, quien se negó a que se le extradite y busca evitar legalmente ese procedimiento y César Horacio Duarte Jackez ExGobernador de Chihuahua, es perseguido por la justicia internacional también por el saqueo de las arcas públicas; se cree que se esconde en en el vecino país del norte, específicamente en Texas, en donde se asegura fue visto por última vez.

Las autoridades de Guatemala entregaron a Duarte de Ochoa en el Aeropuerto internacional ‘La Aurora’ que sirve a la capital guatemalteca, a tres funcionarios de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y el ex gobernador veracruzano enfrentará en México las acusaciones integradas en tres causas penales y por las que podría ser condenado a 80 años de prisión. La PGR lo acusa de lavado de dinero y delincuencia organizada. “No cometí tales delitos y es mi deseo acreditarlo así ante el Poder Judicial de la Federación de mi país”, dijo el ex gobernador el pasado 4 de julio, cuando aceptó ser extraditado ante el ministerio público de Guatemala por segunda ocasión y se allanó por primera vez el 27 de junio. En esa audiencia, el exgobernador escuchó las acusaciones formuladas por la Fiscalía de Veracruz en las causas penales 56/2017 y 38/2017 relacionadas al fuero común. Estas están relacionadas con abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición en agravio del servicio público. El ex Gobernador acusado de gran corrupción consideró estos señalamientos “irrisorios, vagos y sin fundamento”.

El Gobierno del presidente guatemalteco Jimmy Morales había pedido celeridad a sus contrapartes mexicanas en el proceso de extradición de Duarte, pero el Gobierno mexicano no quiso acelerar la extradición, que tenía luz verde de las autoridades guatemaltecas desde el 7 de julio. La Administración del presidente Enrique Peña Nieto temía vulnerar el debido proceso del acusado. Estos descuidos procesales pueden resultar en la liberación de los imputados. Las autoridades mexicanas, sin embargo, no pueden permitirse que Javier Duarte sea liberado por la violación de sus derechos. Por ello, el proceso de extradición fue realizado con toda cautela respetando el acuerdo bilateral entre México y Guatemala.

Duarte estuvo tres meses en la prisión del cuartel militar de Matamoros, donde había menos de una treintena de reclusos. El político del PRI fue capturado el sábado 15 de abril en el hotel de lujo Rivera de Atitlán, en el municipio de Panajachel, en el centro del país centroamericano. El ex gobernador se encontraba hospedado en el sitio junto a su esposa, Karime Macías Tubilla, que hoy se encuentra en libertad y sin ninguna orden de aprehensión en su contra. Elementos de la Fiscalía mexicana rastrearon al político más buscado de México siguiendo a los tres hijos de la pareja, que habían abordado un avión privado en el aeropuerto de Toluca, con la intención de reunirse con su padre.

La PGR remitió a Duarte al Reclusorio Norte bajo la supervisión y custodia de funcionarios y Ministerio Público de la Federación, adscritos a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, así como de los agentes de la Interpol México de la Agencia de Investigación Criminal – funcionarios, todos, adscritos a la PGR, institución que explicó que, al arribar a territorio nacional, Javier Duarte de Ochoa fue notificado de la ejecución de la orden de aprehensión federal correspondiente y que es solicitado en la audiencia de ley para ser puesto a disposición del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte.

La PGR recordó que el 26 de abril pasado, el gobierno del estado de Veracruz, solicitó la colaboración de esta Institución, para añadirse a la solicitud de extradición de Javier Duarte de Ochoa -por contar con dos órdenes de aprehensión libradas por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición.

La expectación por la llegada de Duarte a México se ha incrementado en razón de un video que ha venido siendo difundido en redes sociales y en ese audio se colige que el entonces Gobernador le reclama a quien era su Secretario de Finanzas por estarse tardando demasiado en cumplimentar una supuesta orden de entregar mil millones de pesos a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por más que también hay el morbo inherente a los señalamientos que ha venido generando con profusidad el actual mandatario veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares, que acusa a Duarte de Ochoa de haber entregado muchos millones de pesos a la dirigencia del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) que encabeza Andrés Manuel Lopez Obrador, señalamientos que no han sido solventados y que se podrían consolidar o quizá por el contrario, echar por tierra, con la llegada de Javier Duarte a México. Lo cierto es que ahora no se vio a Duarte de Ochoa con la amplia sonrisa burlona que ostentó cuando fue capturado en Panajachel hace meses ni recientemente que acudió a una Audiencia relativa a su extradición, en la capital de Guatemala. Al llegar a México Duarte mostró una mueca y dejó guardada la sonrisa, ojalá sea un dato positivo contra la expectativa de que hay un arreglo para favorecerlo con tal que no enlode innecesariamente a algunos poderosos. Ya veremos.

El ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa permanecerá en el Reclusorio Norte hasta el próximo sábado 22 de julio del año en curso, ya que ese día deberá enfrentar una nueva audiencia ante el Juez Penal que está resolviendo sobre la responsabilidad primaria del veracruzano. Hay que recordar que tras su primera audiencia en territorio mexicano, el juez le dictó prisión para enfrentar el proceso penal por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mas será hasta el próximo sábado cuando se determine su situación jurídica, previéndose que será determinada la sujeción formal a proceso.

Hay que advertir que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó que debido a la supuesta condición delicada de salud del ExGobernador Duarte de Ochoa a quien se le señala padece de hipertensión e hígado graso, fuera trasladado a un penal en el estado de Morelos y los abogados del indicado ex gobernador solicitaron que la audiencia de vinculación a proceso se realice hasta en 144 horas con el objeto de estar en posibilidad de aportar pruebas en descargo.

Duarte de Ochoa se ha convertido en símbolo de toda una generación de mandatarios emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que están involucrados en escándalos de corrupción.

La polémica en cuanto al proceso que se le sigue está acentuándose desde el momento en que se sabe que solo es encauzado penalmente por algunos de los muchos ilícitos que pudieran fincársele y por cantidades muy pequeñas en relación a los miles de millones de pesos que se afirma malversó en perjuicio del erario.

La PGR imputó a Javier Duarte el lavado de más de 438 millones de pesos provenientes de recursos públicos, pero en la audiencia inicial del caso ante el juez federal que otorgó la orden de aprehensión, solo pudo explicar con datos la salida de 38.5 millones de pesos de la Secretaría de Educación de Veracruz, es decir, menos del 10% de los recursos presuntamente desviados por el ex Gobernador de Veracruz, según la imputación global que se dice existe.

El Juez de Control Adscrito al Reclusorio Norte Gerardo Moreno García señaló tajante la discordancia de los números tras la audiencia inicial que se extendió por más de cinco horas y media, y las inconsistencias en los señalamientos de la PGR hicieron al Juez manifestar a los fiscales estar exponiendo datos “incongruentes” ya que las cifras son diferentes a las que aportó la propia Procuraduría de la República cuando hace algunos meses solicitó la orden de aprehensión contra Javier Duarte, dando pie a que los abogados del acusado y el mismo ex gobernador hicieren más de 20 solicitudes de aclaración a la PGR respecto a la imputación y fue así como los fiscales incurrieron en fallas y contradicciones.

La PGR tendrá una oportunidad más de explicar a detalle los indicios con los que cuenta el próximo sábado, en la audiencia donde el juez definirá si hay datos para abrir juicio contra Duarte, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, o si lo deja en libertad. Pero en esa audiencia la defensa tendrá la oportunidad también de aportar sus propias pruebas.

En la audiencia desahogada, la PGR acusó a Duarte de encabezar una organización criminal que le permitió adueñarse de más de 438 millones de pesos provenientes de recursos públicos, mismos que a través de empresas fantasma y prestanombres consiguió introducirlos al sistema financiero, para luego invertirlos en propiedades, joyas y terrenos. El origen del caso fue una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que registró movimientos de recursos sin justificación real y según la imputación de la PGR, se involucra a las empresas Consorcio Brades e Inmobiliaria Terra, que simularon la compra con sobreprecio de más de 20 terrenos ejidales en Campeche. En realidad tanto las empresas como los terrenos ejidales adquiridos con irregularidades, pertenecían a dos colaboradores de Duarte en el lavado: el empresario Moisés Mansur y el abogado Alfonso Ortega.

Según la acusación de la PGR, a través de Consorcio Brades se habrían movilizado 223 millones 896 mil pesos, mientras que por Terra Inmobiliaria fueron 215 millones 861 mil pesos, todo, según la PGR, por instrucciones de Duarte y asevera que ambas empresas fachada habrían sido fondeadas con un cúmulo de más de 15 compañías fantasma, entre ellas Diseños Tevet SA de CV y Trajan Construcciones SA de CV, que forman parte de una red de empresas fantasmas que habrían recibido recursos públicos de la administración.

Tras escuchar la imputación, Javier Duarte, con el apoyo de sus abogados, solicitó más de 20 aclaraciones sobre la acusación de la PGR, que terminaron convirtiéndose prácticamente en un interrogatorio para los fiscales, propiciado en parte por los mismos funcionarios, que no respondían con precisión. Duarte pidió que se le explicaran a detalle las fechas de compra de 20 parcelas ejidales, así como quiénes eran los dueños originales, pero los fiscales de la Procuraduría tardaron más de una hora en encontrar y proporcionar los datos e incurrieron en contradicciones pues cuando se libró la orden de aprehensión en octubre de 2016, los fiscales proporcionaron datos de tres parcelas ejidales y ahora los datos no corresponden con lo planteado en la audiencia; la defensa de Duarte insistió en que la PGR detallare de qué cuentas habían salido los 438 millones presuntamente desviados por el acusado y tras varias intervenciones los fiscales solo pudieron evidenciar el retiro de 38.5 millones de pesos de la Secretaría de Educación de Veracruz y los abogados de Duarte continuaron insistiendo en que se aclarara si la acusación entonces no era por 438 millones, sino por 38.5 millones. La defensa solicitó que se aclarara cómo se habían comprado cuatro departamentos en el complejo Finestre de Ixtapa, cada uno valuado en promedio en 1.5 millones de dólares, y que presuntamente se adquirieron por órdenes de Duarte, pero los fiscales reconocieron que no tenían los recibos de pago. La misma situación se registró con joyas de las que la PGR reconoció que no tenía más que la declaración del abogado Ortega. La PGR tampoco pudo responder si Hacienda había hecho procedimientos de verificación antes de formular su denuncia.

El juez Gerardo Moreno García advirtió que era la tercera vez que la PGR presentaba diferentes agentes del Ministerio Público en audiencias relacionadas con esta causa penal. Cabe señalar que por este mismo caso el juez ya había vinculado a proceso y sentenciado a las hermanas Nadia y Eva Arzate Peralta y cuando se realizó la imputación contra ellas estuvo presente un representante de la Unidad de inteligencia Financiera de Hacienda, pero en esta audiencia relativa a Duarte no fue así, denotándose la diferencia en la solidez de los datos y argumentos de acusación.

En la forma como se ha venido desahogando el proceso, se advierte descuido e improvisación lo que podría presumirse estaría beneficiando al indiciado y surge la elucubración sobre si estos errores podrían ser motivados ex profeso por la PGR, a fin de darle elementos a la defensa del acusado.

@salvadorcosio1
opinion.salcosga@hotmail.com

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