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Desazolve – Amenazas

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Por: Salvador Cosío Gaona

La amenaza expresada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y gente de su gobierno, en contra del juez que otorgó suspensiones en los juicios de amparo presentados en torno a la recién aprobada Ley de la Industria Eléctrica (LIE), constituye una flagrante acción de intimidación para quien, en el marco de sus funciones, actuó conforme a lo que juzgó procedente en apego a derecho. Pero independientemente del sentido de la resolución, lo que de ninguna manera se puede soslayar es que el presidente de la República Mexicana traspase las líneas del respeto y del decoro, para, transitar desde la discrepancia y la crítica exhibida frente a la opinión pública a los amagos atentando contra la división de poderes y la independencia judicial. 

“La suspensión provisional que se concede es para el efecto de que se suspendan todas las consecuencias derivadas del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica“, ordenó Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica.

Pero al presidente tabasqueño, no le cayó en gracia que la iniciativa que le aprobaron las dos Cámaras del Poder Legislativo, tal y como lo pidió, -sin que se le moviera siquiera una coma-, fuera frenada por un juez apenas unas horas después de haber sido publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), razón por la cual dirigió su evidente furia en su contra y amagó con pedir al Consejo de la Judicatura Federal dirija una investigación en torno al jurista. 

“Apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo, el primero. Nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviera al servicio de particulares”, comentó el mandatario.

Por fortuna, hubo reacciones inmediatas de integrantes del Poder Judicial para reprochar el proceder del mandatario luego de que amagó con tomar represalias en contra del juez.  

“La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial aseguró que el único compromiso de sus integrantes es con la Constitución y la independencia para garantizar un efectivo estado de derecho.

Magistrados de circuito, como Alfredo Barrera, Carlos Soto y Hugo A. Bermúdez; el juez de distrito Miguel Luna, el ex ministro José Ramón Cossío y los especialistas en derecho Miguel Carbonell y Geovanni Sandoval, así como múltiples abogados litigantes, se pronunciaron contra el “ataque” al Poder Judicial, pues se trata de una decisión apegada a derecho, y coincidieron en que cualquier desacuerdo debe dirimirse en los tribunales.

El ex ministro José Ramón Cossío publicó en redes sociales que son “lamentables” los comentarios del gobierno por la suspensión del juez a las reformas eléctricas, “tanto por el franco desconocimiento del derecho, como por la manera de tratar el tema fuera del único lugar en donde deben hacerlo: el recurso”.

El juez de distrito Miguel Luna expresó que las resoluciones jurisdiccionales se combaten mediante el recurso correspondiente, por lo que “otro tipo de amenazas directas son una afrenta a la independencia judicial”. 

El abogado Miguel Carbonell tuiteó: “Un estadista es el que gobierna con base en el conocimiento científico y con apoyo de especialistas, no quien todo lo confía a incondicionales que le hacen reverencias y le dan la razón incluso cuando no la tiene”.

Mientras que los magistrados Alfredo Barrera, Carlos Soto y Hugo A. Bermúdez coincidieron en no denostar o poner en duda al juzgado, mucho menos ser motivo de persecución por parte de los poderes del Estado.

Diego Galeana, secretario de juzgado de distrito, dijo que el Poder Judicial no debe estar al servicio de particulares, porque “está al servicio de todos para frenar el ejercicio arbitrario del poder”.

El constitucionalista de la SCJN, Geovanni Sandoval, escribió: “El juez que decretó la suspensión no se formó en el periodo neoliberal, se formó en la Corte, en el periodo más importante de su historia: la del desarrollo de los derechos humanos”. 

Gerardo Carrasco, abogado de la Escuela Libre de Derecho, añadió: “Es como cuando vas perdiendo en el primer tiempo y propones matar al árbitro: dejen a un lado las amenazas y mantengan el litigio en los tribunales. A jugar limpio”.(Milenio13/03/21).

Ante estos pronunciamientos, no deja de llamar la atención que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Saldivar, no haya hasta ahora expresado comentario alguno en torno a la intromisión del Ejecutivo en torno a una acción consustancial a la función de los Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. 

Aún falta ver el curso que seguirá este caso que ya se elucubra podría llegar a la SCJN con muy graves consecuencias, según alertó Claus von Wobeser, presidente International Chamber of Comerce, quien señaló que el caso podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el juez resolvió suspender los efectos de la ley eléctrica en lo que resuelve el amparo contra la misma.

“Esto va a ir a la Suprema Corte sin duda alguna… va a tener que decidir si esta reforma viola los principios legales” y la podría declarar inconstitucional, con lo que no surtiría efecto alguno, detalló.

Si decide que es Constitucional van a venir los arbitrajes, pues no se pueden cambiar las condiciones, adelantó.

Claus von Wobeser se pronunció porque la Corte declare inconstitucional la ley eléctrica, ya que si no “se va a tener que indemnizar a los inversionistas, esto nos puede salir más caro que la cancelación del aeropuerto”, aunque no precisó sus cifras.

En el arbitraje tardarían 3, 4 años y “los mexicanos pagaríamos”, concluyó.

Habrá que ver hasta dónde llega este asunto, pero no deja de ser reprobable la actitud presidencial al cuestionar la integridad y honorabilidad de los jueces solo porque no está de acuerdo con sus decisiones, lo cual fija una lamentable posición política, que es ajena a la jurídica que debe prevalecer. 

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@salvadorcosio1 

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