Las políticas de deportación masiva en Estados Unidos generan preocupación por su impacto en las economías de California y Texas, estados que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante mexicana. Según el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), en 2024, aproximadamente el 80% de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, es decir, unos seis millones de personas, están concentrados en 12 estados del país, con California y Texas como los principales destinos.
California alberga a más de 2.3 millones de inmigrantes mexicanos, representando el 31.1% del total nacional, mientras que Texas cuenta con cerca de 1.5 millones, equivalente al 19.7%. Estos dos estados concentran aproximadamente la mitad de la fuerza laboral mexicana en Estados Unidos, un dato que evidencia la alta dependencia de sectores clave como la agricultura, la construcción, la minería y los servicios en hogares.
Sectores como la agricultura en California, por ejemplo, muestran que uno de cada 1.8 trabajadores agrícolas masculinos y uno de cada 3.2 en construcción son inmigrantes mexicanos. En Texas, uno de cada 3.3 trabajadores en construcción y uno de cada 3.6 en servicios en hogares también son migrantes mexicanos. La reducción abrupta de esta fuerza laboral podría provocar escasez de mano de obra, aumento en los costos de producción y, en consecuencia, incremento en los precios al consumidor.
Expertos advierten que estas políticas podrían desestabilizar sectores económicos fundamentales, provocando una recesión en las entidades más dependientes de esta mano de obra. La incertidumbre generada ya preocupa a empresarios y trabajadores, quienes consideran que una reducción severa en la fuerza laboral migrante afectaría la producción, el consumo y la inversión en la región, además de impactar negativamente en la cadena de suministro agrícola y en sectores vulnerables a cambios laborales.
En otros estados como Illinois, Arizona, Washington, Georgia, Florida y Colorado, también se observa una alta dependencia de inmigrantes mexicanos en actividades agrícolas, de construcción, manufactura y servicios, lo que refuerza la magnitud del riesgo económico ante una posible disminución masiva de trabajadores.
Las perspectivas actuales evidencian que, además del costo humanitario y social, las deportaciones en masa representan una amenaza concreta para la estabilidad y crecimiento económico de estas entidades, poniendo en jaque su desarrollo y bienestar social.
