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Defraudación fiscal mayor a ocho mdp tendrá prisión preventiva

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El Senado de la República aprobó las reformas legales para combatir a las empresas “fantasmas” y las facturas falsas, al catalogar esos delitos como delincuencia organizada y contra la seguridad nacional.

Con 82 votos en favor y 34 en contra, el Pleno avaló reformas a cinco ordenamientos en lo general y en lo particular, a propuesta del senador Ricardo Monreal, de Morena, se modificó el dictamen en los últimos momentos del debate.

De esta manera se detalló que la prisión preventiva oficiosa únicamente aplicará cuando la defraudación fiscal con facturas falsas sea superior a ocho millones de pesos.

Monreal Ávila explicó que así quienes incurran en ese delito por una cifra inferior podrán enfrentar su proceso y defenderse en libertad.

Aseguró que esos cambios legales no “son actos de terrorismo fiscal”, pues no protegen a grandes evasores y no afectan al contribuyente engañado por su contador.

Otra reserva propuesta por el senador, votada en favor, determinó sanciones de dos a nueve años de prisión a quienes, por sí mismos o a través de otras personas, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Además los servidores públicos que cometan actos ilícitos de este tipo podrán ser destituidos del empleo e inhabilitados de uno a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos.

El tema de mayor controversia entre los legisladores de Morena y sus aliados en contraparte con los de oposición fue catalogar esos delitos como de seguridad nacional, así como de delincuencia organizada sin determinar un monto.

Luego de que el coordinador del grupo mayoritario en el Senado presentó los cambios al dictamen, en el que puso la cifra de más de ocho millones de pesos para considerar el delito de las facturas falsas como delincuencia organizada y aplicar prisión preventiva oficiosa, otros legisladores bajaron sus reservas.

En ese sentido, el líder de la bancada de Morena afirmó que el principal propósito de las reformas es combatir la evasión fiscal a través de empresas “fantasmas” y facturas falsas, pues México es el país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que recauda menos.

Aseguró que son nueve mil las empresas que facturan con comprobantes fiscales apócrifos, lo que ha representado daños al fisco por más de dos billones de pesos de 2014 a 2018, y afirmó que con estas reformas se combate la fusión de los poderes político y económico.

Tras el debate que duró más de seis horas, con la mayoría de Morena y sus aliados se reformaron las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, y de Seguridad Nacional, así como los códigos Nacional de Procedimientos Penales,  Fiscal de la Federación y Penal Federal.

Los legisladores de oposición consideraron un exceso equiparar los delitos fiscales con los que atentan contra la seguridad nacional, como el terrorismo, el  genocidio, el sabotaje y los ataques nucleares.

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