La implementación de la insaculación para la selección de candidatos al Poder Judicial de Jalisco se presenta como una medida clave para garantizar la independencia de este organismo frente a influencias políticas y económicas. El Diputado Miguel de la Rosa Figueroa, líder del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, subrayó que esta reforma, impulsada a nivel nacional por su partido, responde a un reclamo social creciente que busca garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.
Durante su intervención, el legislador destacó que la insaculación permitirá que las decisiones de juezas y jueces sean tomadas con base en principios éticos y jurídicos, desvinculándolos de presiones externas. «Existen magistradas, magistrados, juezas y jueces honorables, pero también hay quienes dictan resoluciones por consigna política o instrucciones», advirtió de la Rosa, resaltando la necesidad de transformar el método de selección para evitar esas dependencias.
El Diputado argumentó que tanto el Poder Judicial federal como el local enfrentan serios retos que obstaculizan el acceso a la justicia, lo que se relaciona directamente con la manera en que los funcionarios judiciales han sido designados en el pasado. La insaculación, según de la Rosa, permitirá que solo aquellos que cumplan con requisitos de elegibilidad, como formación académica y experiencia profesional, sean considerados para ocupar estos cargos.
«Es fundamental que quienes aspiran a la función judicial demuestren su competencia y ética. La mejor manera de asegurar esto es a través de un proceso aleatorio de selección que garantice la meritocracia», enfatizó el Diputado, quien también se comprometió a seguir dialogando con otros grupos parlamentarios para avanzar en esta iniciativa.
Finalmente, Miguel de la Rosa recordó que la lucha de Morena a nivel nacional ha sido por promover una reforma constitucional que garantice el acceso a la justicia, una meta que se busca cristalizar también en Jalisco. La insaculación, en este contexto, se erige como una herramienta necesaria para fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.
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