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Crisis constitucional: desde lo judicial

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Por: Héctor Romero González

El pasado jueves el Ministro Eduardo Tomás Medina Mora Icaza renunció al cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que inició apenas el 10 de marzo del 2015, cuando fue ratificado por el Senado, previa nominación del Presidente Peña Nieto, por lo cual aún le restaban 11 años del periodo para el cual fue elegido. Se trata de la única renuncia de un togado en funciones en la época moderna de la Suprema Corte.

Aunque no se conocen los motivos, pudiera tratarse de una consecuencia directa de la presión orquestada del partido en el poder de controlar las instituciones del país en forma absoluta y central.

Al conocer este hecho, nos viene a la mente el intento de la bancada morenista en el Senado para ampliar la cantidad de ministros que integran en máximo tribunal de justicia en el país, mediante la iniciativa de Ricardo Monreal para la creación de una tercera sala especializada en el combate a la corrupción.

Tampoco podemos olvidar los dos procesos de designación de ministros desde el inicio de la gestión del actual presidente de la República, donde se han presentado ternas de candidatos improvisadas, que parecen conformadas más desde una meritocracia partidista que con una intención de asegurar operadores judiciales con estricto rigor técnico e imparcialidad. En ellos resultaron elegidos como ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien fuese presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Distrito Federal cuando López Obrador era Jefe de Gobierno y Yazmín Esquivel, esposa de Riobóo, uno de los contratistas favoritos de la cuarta transformación.

Con la renuncia presentada y aprobada por Andrés Manuel López Obrador, tan solo resta que el Senado avale la propuesta, de acuerdo al artículo 98 de la Constitución, lo cual es de esperarse ante la hegemonía morenista en la cámara alta del Congreso de la Unión.

De acontecer esto, el presidente deberá someter a consideración del Senado una nueva terna para sustituir al ministro saliente, en la que muy probablemente figurarán las militantes de Morena Celia Maya y Loretta Ortiz, la primera de ellas candidata al Senado en los pasados comicios y la segunda ex diputada federal y esposa del titular de la FEPADE, ya que formaron parte de las ternas propuestas por AMLO para la designación de los últimos dos ministros.

Recordemos también que éste no será el único ministro que deba proponer el actual mandatario, sino que en 2021 le corresponderá nominar a quien supla a Fernando Franco.

Con dicha designación, serían cuatro los ministros designados por López Obrador, de los once que conforman la Corte, votación necesaria para evitar cualquier declaratoria de inconstitucionalidad de una norma en los términos del artículo 107 de la constitución, la cual exige el voto favorable de al menos 8 de los ministros.

Así, no podemos sino afirmar que los Poderes de la Unión atraviesan por una grave crisis constitucional, donde el Poder Legislativo se encuentra subsumido al Ejecutivo, por lo cual el Poder Judicial queda como el único contrapeso firme para la defensa de la Constitución y los derechos humanos, sin que se haya respetado en todos los casos la independencia de quienes lo conforman. Desde hace varios años se ha restado importancia en evitar perfiles políticos en la Corte, pero considerando el actual contexto social del país resaltan los problemas que esto pudiera acarrear.

La independencia de la judicatura es fundamental en todo modelo de gobierno democrático, ya que éste Poder será el último guardián del Estado de derecho ante la posible falla de los otros dos.
Por ello, será fundamental que existan contrapesos efectivos en el Senado al momento de valorar la renuncia del ministro Medina Mora y, en su caso, al desahogar el procedimiento de designación de un nuevo ministro.

Sin embargo, en caso de que el Senado no designe en el plazo improrrogable de treinta días a cualquiera de los integrantes de la terna que se presente, el presidente puede elegir libremente a cualquiera de los integrantes de ésta.

Una vez que sean designados los sustitutos de Medina Mora y Franco, la Corte estará integrada por cinco ministros propuestos por Calderón, dos por Peña Nieto y cuatro por Andrés Manuel López Obrador.

Ello revela la importancia de transitar hacia un nuevo modelo de designación de los togados del máximo tribunal constitucional, ajeno al control del Ejecutivo y donde se desincentive la tradición del trueque en los procesos de designación, donde ante la oferta de concesiones parlamentarias la oposición deja de ser oposición, fungiendo como cómplice de la captura de las instituciones.

Para asegurar la confianza de la sociedad en el Poder Judicial es imprescindible asegurar la postulación razonada de perfiles adecuados e idóneos, un proceso de designación caracterizado por asegurar la participación ciudadana y el gobierno abierto tomando en cuenta la opinión de juristas expertos y, sobre todo, que el Senado emita un severo escrutinio de los aspirantes.

@hecromg

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