En un proceso marcado por la controversia y la crítica, la Mesa Directiva del Senado de la República insaculó únicamente 68 candidaturas a jueces, magistrados y ministros, de un total de 1,239 que fueron remitidas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este hecho se produce en un contexto donde 171 de estas candidaturas ya habían sido predeterminadas por el Comité del Poder Judicial (CEPJ), que realizó una depuración previa basada en criterios de idoneidad y la escasez de aspirantes.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se pronunció al respecto, afirmando que no llevará a cabo una campaña en contra de los candidatos predeterminados. No obstante, también reconoció que el proceso llevado a cabo por el CEPJ fue un «albazo», lo que añade una capa de controversia a la selección de aspirantes para el Poder Judicial.
El Senado ahora enfrentará un nuevo desafío: enviar el listado final de las 1,239 candidaturas a la SCJN. En caso de que el máximo tribunal del país decida no remitir estas candidaturas al Instituto Nacional Electoral (INE), el Senado procederá a hacerlo directamente. Este proceso se encuentra bajo un estricto cronograma, ya que la Cámara tenía como fecha límite el 31 de enero para llevar a cabo la insaculación correspondiente al Comité del Poder Judicial, conforme a lo establecido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En cuanto a los listados finales de los Comités del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, el Senado tiene hasta el 8 de febrero para remitir esta información al INE, lo que añade presión a un proceso ya de por sí complejo. Esta situación genera expectativas sobre cómo se desarrollarán los próximos pasos en la selección de los nuevos integrantes del Poder Judicial y cómo esto impactará en la percepción pública de la independencia y la transparencia en el sistema judicial mexicano.
La insaculación de candidaturas ha sido objeto de múltiples críticas, pues muchos consideran que la falta de transparencia y la predeterminación de candidatos pueden socavar la confianza en las instituciones judiciales del país. Con un panorama lleno de incertidumbre, los ojos de la ciudadanía y de los analistas se centran ahora en el Senado y en la SCJN, esperando que se tomen decisiones que fortalezcan el estado de derecho en México.
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