Por: Verónica Juárez Piña
Con el voto de Morena y sus aliados, la Cámara de Diputados aprobó la consulta popular para enjuiciar a expresidentes, que si bien se llevará a cabo hasta el 1 de agosto; será utilizado por el Presidente de la República para favorecer a su partido en las elecciones del 6 de junio de 2021, en las que se renovará la propia Cámara de Diputados y diversos cargos en los 32 estados del país.
La consulta popular, concebida con un derecho humano de participación política, constituye uno de los principales instrumentos de construcción de una ciudadanía activa para la toma de decisiones de trascendencia pública que fortalece nuestro sistema democrático.
No obstante, en México, en el actual régimen, la democracia se ha visto reiteradamente acosada. El Presidente López Obrador, de manera sistemática, ha pretendido aparecer en la boleta electoral del próximo año en un intento desesperado para que su figura acompañe a los candidatos morenistas y logre incrementar la votación a su favor que, como vimos en los resultados electorales de Hidalgo y Coahuila, se encuentra en pronunciado declive.
Una y otra vez, la oposición legislativa hemos logrado frenar estas intenciones. No obstante, torciendo y utilizando maniqueamente la ley, AMLO propuso una consulta para que las personas decidieran si las instituciones de procuración e impartición de justicia deben proceder penalmente en contra de ciudadanos que ocuparon el cargo de Presidente de la República en sexenios anteriores, llevando la justicia a la plaza pública, en un acto de linchamiento que responde a la inconformidad popular por los abusos y la impunidad que reina en nuestro país.
Debido a que Morena no alcanzó a juntar las firmas necesarias el Presidente utilizó la facultad que le otorga la ley y la solicitó él mismo, lo cual dio como consecuencia que, de inmediato y sin más trámite, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuviera que pronunciarse respecto a la constitucionalidad.
El resultado, dejó en claro la influencia que el Ejecutivo Federal ejerce en el Poder Judicial, a través de los Ministros que ha impulsado.
Debemos hacer énfasis en que el PRD es un cabal convencido de la consulta popular como pilar de la democracia participativa en nuestro país, constituye un derecho humano de participación política de las y los mexicanos y debe considerarse válida para cualquier tema que no vulnere nuestro sistema constitucional y la democracia.
Es por ello que consideramos que la consulta popular no puede tener por objeto la restricción de los derechos humanos consignados en la Constitución y los tratados internacionales ni las garantías para su protección. Tampoco se puede consultar si las autoridades están obligadas a proteger los derechos humanos, pues ésta es su responsabilidad constitucional.
La Corte declaró la constitucionalidad de la pregunta, pero propuso algunos cambios, dando por resultado una consulta que no es clara ni concisa, aplicable a cualquier acto de cualquier naturaleza, cometido en cualquier tiempo y por cualquier actor político, cuyo resultado será obligatorio para cualquier autoridad o para ninguna, para proteger los derechos de cualquier víctima o de ninguna.
La pregunta de la Corte es tan ambigua e indeterminada que “obligará” al Presidente de la República a recorrer el territorio nacional para aclarar su contenido, como ya lo anunció, dándole un pretexto para realizar sus giras proselitistas, abandonando sus deberes constitucionales.
Con la aprobación de la consulta, la mayoría artificial de la Cámara de Diputados cometió uno de los mayores fraudes a la Constitución, pues abre la puerta para que el Presidente interfiera, de manera directa, en el proceso electoral del próximo año.
Andrés Manuel teme perder la mayoría artificial que su partido mañosamente construyó en el Congreso de la Unión y en los estados; por lo que quiere imponer su voluntad, pisoteando los derechos humanos, las instituciones y la Constitución.
Por esas y otras razones, el GPPRD votó en contra del dictamen que avaló la consulta, porque nos encontramos plenamente comprometidas y comprometidos con el Estado de Derecho que hemos construido, forjándolo con sangre de miles de perredistas que han dado su vida para la edificación de un México más justo e igualitario. Por la democracia y por una Patria para todas y todos.
