En un entorno digital cada vez más vulnerable, la colaboración entre el gobierno, las empresas y los ciudadanos se vuelve fundamental para hacer frente a los delitos cibernéticos, que en 2024 afectaron a casi la mitad de las empresas en México y generaron pérdidas millonarias. Expertos en ciberseguridad destacan que la protección va más allá de las contraseñas y requiere conocimiento, acciones responsables y una mayor conciencia sobre los riesgos en línea.
México, 2 de junio de 2025. La exposición a fraudes financieros y el robo de identidad ha aumentado significativamente en los últimos años, impulsada por la proliferación de aplicaciones y la falta de medidas preventivas. Norberto Maldonado, especialista en tecnología y ciberseguridad, advierte que “estamos vulnerables porque cualquiera puede saber dónde estamos, qué hacemos, qué tenemos y nosotros no saberlo”. Por ello, hace un llamado a que todos los actores participen en un círculo de seguridad digital.
Datos recientes indican que en 2024, el 45% de las empresas mexicanas reportaron haber sido víctimas de fraudes, principalmente relacionados con suplantación de identidad y robo de datos bancarios, con pérdidas que superaron los 14 mil 500 millones de pesos. Maldonado subraya que “una mala configuración de seguridad o una contraseña débil puede abrir la puerta a delitos costosos, desde fraudes bancarios hasta la exposición de datos sensibles, incluyendo la ubicación en tiempo real de las personas”.
En este contexto, la adquisición de conocimientos sobre las herramientas de protección disponibles y la adopción de buenas prácticas se vuelven esenciales. El experto pone como ejemplo la función de Privacidad avanzada en WhatsApp, que permite restringir la exportación del historial de chats, bloquear descargas automáticas y limitar el uso de los mensajes por inteligencia artificial, recursos clave para quienes manejan información sensible.
Por parte de las autoridades, aunque los avances son lentos, se han implementado iniciativas como el Plan Nacional de Ciberseguridad, la creación de la Dirección General de Ciberseguridad y el Programa de Protección de Datos Personales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que buscan fortalecer el entorno digital y proteger a los usuarios.
No obstante, la responsabilidad también recae en los propios usuarios, quienes deben adoptar medidas responsables en el uso de las aplicaciones y mantener buenas prácticas como fortalecer sus contraseñas, revisar las configuraciones de privacidad, proteger sus datos financieros y capacitarse continuamente para detectar amenazas como phishing o ingeniería social.
Maldonado concluye que “la ciberseguridad ya no es opcional; es una necesidad básica para proteger nuestra privacidad, nuestro dinero y nuestra vida diaria”. La colaboración activa entre gobiernos, empresas y ciudadanos es, por tanto, la mejor estrategia para cerrar la puerta a los delitos cibernéticos y garantizar un entorno digital más seguro para todos.
