Por: Felipe Guerrero
La «operación enjambre» encabezada por Omar García Harfuch, el funcionario de mayor confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum, se encamina a marcar la diferencia fundamental en materia de seguridad, de frente a lo que fue en el régimen de Andrés Manuel López Obrador. Y no es solo por establecer una distinción, sino porque la dramática realidad del país lo exige.
Demostrado está que los abrazos no balazos no funcionaron en términos de darle seguridad al país, y que bajo este esquema en casi todo el territorio nacional opera libremente el crimen organizado, al grado que, un día sí y otro también vemos masacres por todos lados, independientemente de todo tipo de ilícitos que agobian ya a la sociedad mexicana.
Le ha costado mucho al país, el hecho de que AMLO haya sostenido su régimen bajo la sospecha de alianzas electorales con organizaciones criminales, y en cuya trama se acuse a algunos gobernadores de haber negociado el financiamiento ilegal. Hoy, el fruto de esas alianzas las padece Claudia Sheinbaum, con gobiernos estatales y municipales en cuyas estructuras, principalmente las relacionadas con seguridad y finanzas, tendrían posiciones las organizaciones fácticas.
Son dos los pilares centrales con los que caminó el régimen de AMLO: la repartición de dinero bajo un esquema de control político-electoral y dejar que sus aliados fácticos cogobernaran en algunas regiones del país y, en otras, operaran con todo tipo de ilegalidades con total impunidad.
O la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene esta dinámica destructiva para el país, o se enfrenta abiertamente a quienes, desde sus posiciones de poder gubernamental, por omisión o por comisión, siguen alentando la violencia y el caos de quienes se ostentan hoy como un poder paralelo. Una batalla nada fácil aunque con la «operación enjambre», se comprueba una vez más que cuando el Estado se decide a combatir al crimen, de adentro y de fuera, su poderío se impone.
Desde luego, en todo esto, es factor decisivo la presión que desde ahora ejerce Donad Trump, quien oficialmente tomará en sus manos el gobierno de los Estados Unidos, el lunes 20 de enero de 2025, cuando rinda protesta.
Con un gabinete de línea dura, y un Marco Rubio que en su papel de senador declaró a los cárteles mexicanos como terroristas y que, como Secretario de Estado de la administración Trump seguramente hará lo mismo, el gobierno mexicano tendrá una enorme presión para que modifique tajantemente su modelo de seguridad, lo que de algún modo ya se observa.
Quiérase o no, de manera indirecta, el mejor aliado de Claudia Sheinbaum para combatir el mayor cáncer que tiene postrado al país, será Donald Trump. Por eso hoy vemos que la administración Sheinbaum no solo envía señales hacia Estados Unidos, sino a quienes en México, desde el gobierno, se han involucrado con grupos al margen de la ley.
¿Hasta dónde trascenderá la «operación enjambre»? ¿Tocará tierra solo en el nivel de algunos alcaldes, secretarios de seguridad pública, jefes operativos, o irá más arriba, contra funcionarios de alto nivel o incluso contra algunos gobernadores? Quien sabe, pero ya se empezaron a dar los primeros manotazos en algunos municipios del Estado de México. Habría que ver entonces que ocurrirá con entidades más violentas, cuyos gobiernos han sido acusados al menos de permisivos, como Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato y Tamaulipas, por poner los ejemplos más representativos.
Con toda la tecnología que tiene Estados Unidos y su alto nivel de espionaje e investigación, seguramente ya tienen un diagnóstico claro de lo que pasa en México con los cárteles y sus operadores, además de políticos y gobernantes involucrados.
A propósito. Solo un apunte: Ismael «El Mayo» Zambada se siente traicionado. En enero se presenta ante el juez, justo cuando inicia la segunda era Trump. ¿Qué declarará? No se sabe, pero a no pocos políticos y funcionarios les están temblando las corvas.
