El Centro de Prevención y Reinserción Social Topo Chico celebró la edición 2018 de las Bodas Colectivas, en la cual se dieron las facilidades para cristalizar el enlace civil de 28 parejas y celebrarlo junto a sus familias.
El evento se realizó en una de las canchas del centro penitenciario y contó con la colaboración de las asociaciones civiles Promoción de Paz y Damas Vicentinas, quienes se encargaron de la organización del evento y la gestoría de apoyos.
El director del Registro Civil de Nuevo León, Fernando Marín Molina, dijo que la dependencia facilitó la asistencia de un oficial del Registro Civil y sus auxiliares.
«Es una experiencia muy bonita porque es un trabajo conjunto entre organizaciones civiles y Gobierno del Estado», indicó.
Refirió que las organizaciones civiles se encargaron de conseguir anillos de compromiso y organizar una comida para las parejas y sus familias, mientras que el Gobierno del Estado aportó de manera gratuita el personal de Registro Civil para expedir las actas de cada unión.
«Estamos trabajando en el eje que el Gobierno del Estado, dentro de su Plan de Desarrollo nos planteó, que es la reconstrucción del tejido social», añadió.
Por su parte, María Teresa Vázquez Zúñiga, representante de la Dirección de Reinserción Social de la Agencia de Administración Penitenciaria, aseguró que este tipo de acciones favorecen la certeza jurídica no sólo de los internos, sino también de sus familias.
«Como parte de la reinserción de las personas privadas de la libertad, uno de los aspectos más importantes es poder fundamentar y legalizar este tipo de relaciones para que ellos puedan formar parte de la sociedad como un matrimonio legítimo”, subrayó.
Además, dijo, “que los hijos que puedan procrear formen parte de una familia estable y dentro de la legalidad».
A su vez, Mercedes Jaime Treviño, presidenta de las Damas Vicentinas, destacó la importancia de brindar apoyo a las personas privadas de la libertad para lograr una adecuada reinserción social.
Al evento acudieron representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Poder Judicial del Estado y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.
